El pataleo de la partidocracia

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En la última sesión del periodo legislativo de primavera, los diputados del HCNL  aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, supuestamente modificada para ajustarla a las necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta Ley tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes  de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  Y las sanciones correspondientes a las fallas de los propios servidores públicos. 

Curiosamente, en esta Ley destinada a los servidores públicos, se incluye un artículo obligando a los accionistas y socios de las empresas que quieren hacer negocio con el gobierno como proveedores, a presentar su declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de interés). Se intentó establecer la misma obligación a nivel federal, hace algunos años, y el presidente Peña Nieto la vetó. El origen de esta exigencia es una venganza de los políticos que no aceptan que les exijan sus declaraciones de bienes y que pretenden exigir la misma obligación a los empresarios que quieren hacer negocio con el gobierno. Solamente, se olvidan una cosa: los servidores públicos administran los recursos de todos los mexicanos. Los empresarios, administran sus propios recursos. 

En Nuevo León, la partidocracia del PRIAN logró imponer la permanencia de este artículo en la Ley, y en forma por demás extraña, la llamada chiquillada de los partidos minoritarios, la aprobó cómo si fuera algo natural.  La Ley fue aprobada por unanimidad de los diputados. Ocurren situaciones muy raras en el Congreso; por esto tiene tan poca credibilidad, a pesar de algunas excepciones valiosas. 

¿Por qué no existirá la independencia de juicio para rechazar posturas a todas luces inaceptables? ¿Qué fuerza sobrenatural tendrá el PRIAN para que los diputados de MC, de Morena y otros se dobleguen frente a imposiciones tan absurdas y cuyo único propósito es provocar el veto de la Ley y por lo tanto la imposibilidad de aplicarla hasta que en una nueva sesión legislativa, se corrija o ¡hasta que nunca se corrija! 

El ejercicio de la política no es de extraterrestres. Hace falta que enviemos al Congreso más diputados dotados de sentido común, y no individuos que se atribuyan privilegios inexistentes. La política es la búsqueda del bien común. No del bien particular de unos cuantos individuos que pretenden picarnos los ojos. Aquí en Nuevo León, la partidocracia sigue disfrutando de la poca capacidad de quienes quisieran imponer un nuevo orden. 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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Los fracasos del gobierno de Enrique Peña Nieto han logrado hacer consenso nacional sobre la urgencia de erradicar la corrupción y de eliminar la impunidad que es su principal soporte. Tan es así que antes de tomar posesión, él mismo anunciaba un Sistema Nacional Anticorrupción, para desactivar sus antecedentes de gobernador corrupto.

Tardó más de tres años, necesitó los escándalos de la casa blanca de la Gaviota y de la de Malinalco de Luis Videgaray, la amenaza de escándalo internacional del tren rápido a Querétaro, para finalmente darle luz verde al PAN para presentar una propuesta.

¿Era lo más adecuado pedirle al PAN, cómplice de múltiples asaltos a la moral y al erario federal, ser el portavoz del combate a la corrupción? Probablemente no. Por esto salió un Sistema Nacional Anticorrupción descolorido, sin dientes y que no asusta a ningún político medianamente capacitado en asuntos de corrupción.

Los estados deben por mandato constitucional, elaborar un Sistema Estatal Anticorrupción, “equivalente” al Nacional. Pero en Nuevo León, después de los atracos de la familia Medina y de sus amigos de los cuales varios están todavía en posición de saquear las finanzas públicas, después de un cobijagate que reveló la falta de compromiso del nuevo gobierno contra la corrupción, la Sociedad Civil se levantó en armas legales y decidió acompañar de muy cerca la elaboración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto dio nacimiento a la Coalición Anticorrupción, agrupación de ONG’s, de diferentes asociaciones enfocadas al combate a la corrupción y de un buen número de individuos comprometidos a contribuir a título personal en la elaboración de un Sistema Estatal Anticorrupción bastante más sólido que la copia pálida que nació en San Lázaro.




6 meses de trabajo constante, con innumerables reuniones, con mucha paciencia, con algo de creatividad y mucha comprensión mutua, permitieron demostrar que la democracia participativa es posible cuando existe fe, particularmente buena fe, suficiente confianza, dedicación y profesionalismo de los dos lados.

Las reformas constitucionales que permitirán el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción que aprobaron las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Legislativos el día de martes en el HCNL, incluyen muchos elementos que la harán la base para diseñar el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país.




Falta todavía concretar la tarea con una labor titanesca de corrección y adaptación de siete leyes, que van desde la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, hasta las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización y la del Servicio Público y a otras tantas.

¿Se podrá realmente combatir la corrupción desde la Ley y la erradicación de la impunidad? La apuesta es muy alta. El compromiso ciudadano irrenunciable. En juego, se encuentra el deseo de restablecer una sociedad que tenga fe en si misma, en la cual el político haga política para contribuir al bien común y no para su provecho personal.

En juego, se encuentra el deseo de cambiar un sistema político fallido, pero sin violencia, en base a la Ley y a la Justicia.

¿Será posible? Sí, si todos colaboramos con nuestro granito de arena y mostramos que la Sociedad dispone de la voluntad y de los argumentos suficientes para construir un país mejor para todos.
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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”