Monterrey, 1984




La administración de Adrián de la Garza será marcada por el mayor programa en la historia del municipio (tal como lo anuncia); la inversión aprobada de $722’611,572 pesos para recarpetear 3’165,000 metros cuadrados de vialidad.

Vialidades Regias podría quedar opacado tan sólo por un proceso penal exitoso contra los protagonistas de la administración anterior (siendo el encarcelamiento lo más llamativo, la prisión domiciliaria lo mas plausible, y el embargo de bienes lo más necesario).

Sin embargo, existe un tercer proyecto axial en la agenda. A principios del mes de julio, el alcalde declaró que inundará la ciudad con cámaras de video-vigilancia. Sorpresivamente sus palabras no tuvieron ni hasta la fecha han tenido repercusiones mediáticas, siendo un tema proclive a polémica particularmente por dos motivos.

Primeramente, porque las finanzas municipales no se encuentran en condiciones para emprender tal idea, lo que forzara como únicas opciones a realizarla el contratar aún más deuda (improbable dado que el Congreso ya se la ha rechazado una ocasión), o el utilizar un esquema de financiamiento de Asociación Pública Privada (cuya licitación sería interesante).

Aquí seguramente aparecería el cuestionado José de Jesús Ortuño, experimentado empresario de la materia que en la pasada administración de Mauricio Fernández colaboró en el fallido proyecto de San Pedro Net.

En segundo lugar, porque los programas gubernamentales de video-vigilancia masiva suelen ser recibidos como golpes totalitarios a la población, al puro estilo de la novela 1984 de George Orwell.

Aquí es donde quiero concentrarme: en una muy breve exposición de las marcadas diferencias entre un programa gubernamental de seguridad pública (el cual creo necesario para reducir los índices delictivos) y una distopía totalitaria.

Un gobierno totalitario es aquel que pretende controlar cada aspecto de la vida de las personas: cómo pasan su tiempo (inclusive en privado), con quién se asocian, lo que pueden decir, e inclusive lo que piensan y sienten.




Partiendo de esta definición, se muestra erróneo sugerir que la sola implementación de cámaras de video-vigilancia convierten al gobierno en totalitario, puesto que en el caso de Monterrey, éstas se instalarían en lugares públicos (plazas, avenidas, etc.) y no privados (hogares, escuelas, oficinas) con el propósito de monitorear la posible actividad delictiva (robos, asaltos, asesinatos), tipificada en códigos que han sido promulgados de manera democrática.

Por lo tanto, no se invade la vida privada de los individuos ni se les persigue injustificadamente.

Hay quien alude a un derecho a la privacidad, el cual no se violenta debido a que, nuevamente, la video-vigilancia está instalada en los espacios públicos (y es en los privados donde se ejerce este derecho) así como tampoco se transgrede porque no tiene como propósito el exhibicionismo.

Resulta también imposible incidir en los pensamientos y sentimientos de la población a través de la video-vigilancia debido a que hace falta el factor propaganda, que sí está presente en 1984.

De igual forma se encuentran ausentes de la realidad en comparación con la novela, la presencia de guerra, desabasto, la prohibición de reunión y los campos de labores forzadas.

El contraste entre una realidad hipotética y la ficción terminan arrojando nulas similitudes, pero muestran quizá un miedo infundado ante una nueva estrategia para combatir a la delincuencia.

Estaré a la espera de que el tema cobre fuerza.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Transparencia o abuso?

Las nuevas tecnologías, y en particular las redes sociales, han facilitado la comunicación, los negocios y hasta el empleo. Pero también han generado graves problemas de derecho. Un claro ejemplo de ello es la reciente polémica por el uso que le da a Periscope el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, cuyo propósito es exhibir a quien incurra en alguna falta administrativa. Con esta conducta abusiva se vulneran toda una serie de derechos de la ciudadanía; algunos de ellos son el de la protección de datos personales, el honor, la propia imagen y la privacidad.

La información gráfica y acústica (como lo es un video de Periscope) es parte de los considerados datos personales de acuerdo al derecho mexicano. El derecho al honor, en este lance, se refiere a la fama o la reputación. El derecho a la propia imagen, en este caso, se refiere a que el titular del derecho puede impedir que se divulgue cualquier tipo de información que afecte su imagen sin su consentimiento. El derecho a la privacidad, en esta dimensión, se refiere a los aspectos de la vida de una persona que, de acuerdo a su propia voluntad, deben mantenerse en carácter confidencial. De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, el responsable del trato de éstos debe conducirse con base en el principio del consentimiento. Violar éste u otro(s) principio(s) constituye una infracción a dicha Ley.

El tema de Periscope, más allá de las reprobables violaciones a los derechos de la ciudadanía, conllevan un riesgo más peligroso: la constitución de facto de un tribunal alterno al poder institucional que castiga al presunto culpable de la infracción.

Los ciudadanos exhibidos en Periscope no sólo no han dado su consentimiento para la difusión de su imagen, sino que se han manifestado expresamente en contra para que se difunda. Esta conducta del City Manager viola casi todas las fracciones del artículo 63 de la misma Ley (las más importantes para esta cuestión son: I, IV, XIII y XVI), lo que le sería merecedor de una sanción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya emitió una recomendación argumentando que este (ab)uso de Periscope constituye una violación al principio de legalidad y a los derechos ya mencionados. Parte del razonamiento de la CDH es que la utilización de esta app para exhibir a los ciudadanos infractores nada tiene qué ver con la transparencia y constituye una violación a la garantía de seguridad jurídica. (Lamentablemente, las recomendaciones de la CDH no son vinculatorias.)

El gobierno de Miguel Hidalgo justifica todas estas violaciones a derechos excusándose en el principio de máxima publicidad en materia de transparencia y el derecho a la documentación ciudadana. Sin embargo, su argumento no se sostiene, puesto que: 1. La máxima publicidad aplica, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a toda deliberación o acto relacionado con la autoridad, no a la conducta de los particulares; y 2. La documentación ciudadana es para que los particulares documenten a los funcionarios, nunca al revés. Este punto ya lo sostuvo la CDH en su recomendación.

Los ciudadanos exhibidos en Periscope no sólo no han dado su consentimiento para la difusión de su imagen, sino que se han manifestado expresamente en contra para que se difunda. Esta conducta del City Manager viola casi todas las fracciones del artículo 63 de la misma Ley … lo que le sería merecedor de una sanción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

El tema de Periscope, más allá de las reprobables violaciones a los derechos de la ciudadanía, conllevan un riesgo más peligroso: la constitución de facto de un tribunal alterno al poder institucional que castiga al presunto culpable de la infracción. Se genera un castigo doble: la sanción administrativa y el escarnio público. La cultura cívica es escasa en estos tiempos y sobre todo en México. Aplaudo que busque hacerse algo para inculcar ésta y para combatir a los que el City Manager llama “vecinos gandallas”.

Pero el fin no justifica los medios. Y lo más preocupante de ésto, es la actitud de la autoridad responsable frente a la Comisión de Derechos Humanos. Preocupa que, en lugar de dialogar respetuosamente, se ataque e incluso se insulte. Ya llegó el City Manager al punto de decirle a la CDH: “recomiéndame ésta”. Increíble, pero cierto. Y ésto únicamente refleja el nivel de desprecio por los derechos humanos que tiene dicha autoridad.

Ojalá esta actitud no la repliquen otros gobernantes, pues la posición de poder seduce y pervierte al grado de disfrazar discursos autoritarios de democráticos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”