Hace unos días recibí un mensaje de un grupo de Whatssap en el que una compañera de la Universidad preguntaba si Eduardo Román era ya el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Muchos de mis colegas y ex compañeros de la licenciatura pronto respondieron “creo que sí” “lo nombraron desde hace mucho” “me parece que sí”, entre otras afirmaciones similares.

Y claro, sus respuestas parecían bastante lógicas en el entendimiento de que hace más de un mes Román resultó victorioso como primer candidato a la presidencia elegido por la academia y la sociedad civil. Habiendo transcurrido tanto tiempo y sin tener noticias de lo contrario, asumo que mis compañeros no fueron los únicos que llegaron a pensar que el Congreso le habría dado prioridad al tema y que, seguramente, la CEDH ya contaba con nuevo dirigente.

Sin embargo, el caso es muy distinto y aún no está claro el panorama sobre el futuro de la Comisión.

Para poner un poco en contexto a quien no está familiarizado con el tema, profundizaré en algunos puntos:

El proceso

Para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se lleva a cabo un proceso idéntico al establecido para la designación de Magistrados. Éste, se encuentra descrito en la Constitución del Estado en el artículo 99.
Explicado de manera muy sencilla, el Poder Ejecutivo manda al Congreso local una propuesta para ocupar el puesto. La candidata o el candidato deberán comparecer ante los diputados y para el nombramiento, deberán contar con una aprobación de dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

Si el Congreso decide rechazar o abstenerse de resolver la propuesta, o bien, no reúne la votación necesaria, el Ejecutivo mandaría una segunda opción para someterse a consideración de los diputados. Si la segunda opción vuelve a ser rechazada, el Ejecutivo podrá designar de manera directa a una tercera opción, que deberá ser distinta a las anteriormente propuestas.

Transparencia y Participación Ciudadana

El 16 de diciembre de 2015, el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, inició con este proceso de designación lanzando una convocatoria abierta para atraer los perfiles de quienes estuvieran interesados en fungir como titulares de la CEDH. Una acción congruente con el discurso de transparencia y gobierno abierto que ha manejado el gobernador independiente desde su campaña.

Adicionalmente, se realizaron dos ejercicios de comparecencias, en donde 15 interesadas e interesados expusieron ante académicos y representantes de la sociedad civil, sus propuestas y motivaciones para ocupar el cargo.

El 12 de enero de 2016, se dieron a conocer las tres mejores opciones elegidas por el jurado: Eduardo Román González, Magda Yadira Robles Garza y Sofía Velasco Becerra. Las propuestas se mandarían en este orden para ser avalados por el Congreso del Estado de Nuevo León.

La polémica

1.Los tiempos

El artículo 99 de la Constitución establece que el Congreso del Estado deberá votar el nombramiento del titular de la Comisión, cinco días después de su comparecencia y, de no estar sesionando en periodo ordinario, convocar a una reunión de carácter extraordinario.

Sin embargo, esta comparecencia ni si quiera se ha llevado a cabo, después de más de un mes de que el Ejecutivo propusiera a Eduardo Román para el puesto.

Incluso, a pesar de que los mismos legisladores establecieron en su Agenda Mínima para el primer periodo de su legislatura desahogar el nombramiento de la presidenta o el presidente para la Comisión (periodo que concluyó en diciembre). Lo cual puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/1oul9De

Esta semana, el secretario de Gobierno, Manuel González, fue personalmente al Congreso a solicitar la atención necesaria al nombramiento. Por su parte, los diputados miembros de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública declararon que el funcionario interrumpió la sesión y “atropelló la autonomía de poderes”. Se dice que este hecho entorpecerá aún más el proceso ya estancado.

2.Cambios legislativos

El 19 de diciembre de 2015, el Congreso local aprobó en primera vuelta una reforma a la Constitución Estatal para modificar el proceso de designación del ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La reforma presentada por la panista Eva Margarita Gómez Tamez abstrae la Facultad del Poder Ejecutivo para realizar esta tarea.

Personalmente, considero que la iniciativa del PAN es congruente con el proceso que se sigue para el nombramiento quien ocupa la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que tiene que ser una propuesta que prospere en nuestro Estado.

Estos cambios seguramente serán positivos para los futuros procesos, sin embargo, el tema del nombramiento de un titular para la Comisión de la que hablamos, merece la prioridad de los legisladores respetando el proceso que ya dio inicio desde diciembre del año pasado, días antes de que se sometiera a discusión esta Iniciativa en Pleno.

Sobre todo, es estrictamente necesario que se atienda la coyuntura actual, golpeada por los recientes hechos presentados en el Penal del Topo Chico. Una Comisión que atiende dicha investigación no puede ni debe quedar acéfala mientras se resuelve la lucha de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Además, aunque el actual proceso no es el óptimo, sí se debe de reconocer el esfuerzo del Poder Ejecutivo por realizar un ejercicio distinto y sin precedentes de manera transparente y en completa colaboración con la ciudadanía, dándoles voz y voto para el impulso de propuestas.

Aunado a esto, considero que la terna de finalistas propuestos por la ciudadanía y enviados por el Ejecutivo está consolidada por perfiles que cuentan con una trayectoria profesional sólida, y , sobre todo, que han demostrado poseer un fuerte compromiso con el tema de los derechos humanos.

Por lo que uno se pregunta ¿qué es lo que está deteniendo el proceso?

Como ciudadana, me uno a las voces que han externado su preocupación por el estancamiento de esta designación de tanta relevancia para nuestro Estado.