El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha instado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a entregar la información solicitada en relación a las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Con una mayoría de seis votos a favor y dos en contra, el Pleno de la SCJN ha determinado la falta de fundamento en el recurso de revisión en temas de seguridad nacional, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este recurso fue promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Esta decisión contradice la resolución del 6 de julio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la que se ordenó a la SFP proporcionar la versión pública de las declaraciones patrimoniales e intereses de los 23 ingenieros militares asignados al AIFA.
El ministro Javier Laynez Potisek, quien lideró este caso, enfatizó que los documentos disponibles no evidencian que la entrega de las declaraciones patrimoniales e intereses de los ingenieros militares del AIFA afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional o revele datos que puedan ser utilizados para evaluar la capacidad de reacción del Estado Mexicano, ni a través de pruebas directas ni indirectas.
Los ministros han llegado a la conclusión de que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, como servidores públicos, están sujetos al marco legal de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, están obligados a presentar declaraciones patrimoniales e intereses, que deben hacerse públicas de acuerdo con las disposiciones normativas.
En relación a los argumentos presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los ministros han subrayado que no se presentaron pruebas directas ni indirectas que demuestren que la divulgación de los documentos suponga un riesgo concreto, demostrable e identificable para la seguridad nacional.
En este sentido, la Corte ha confirmado la resolución emitida por el Pleno del INAI en el recurso de revisión el 6 de julio de 2022.
Los ministros Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Roberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo y Laynez han respaldado el proyecto, mientras que el ministro Arturo Zaldívar y la ministra Yasmín Esquivel han votado en contra.
(Fuente: Luis Cárdenas MX)