Tras semanas de críticas y reclamos por parte de la Iniciativa Privada y organismos, el Gobierno de México estaría dispuesto a eliminar la criminalización de outsourcing y alargar el periodo de transición a empresas que tengan que cambiar sistemas de contratación laboral. Incluso podría acceder a no prohibir el outsourcing y sólo regularlo, siempre y cuando no se asocie a prácticas financiera y laborales ilegales, según comentaron fuentes oficiales.

Cabe mencionar que representantes empresariales y del Gobierno federal sostuvieron una reunión anoche en Palacio Nacional, y pactaron una mesa para revisar las posibles modificaciones a la propuesta oficial, que contempla considerar como crimen organizado la práctica ilegal del outsourcing.

Las mismas fuentes, dice el periódico Reforma, reiteraron que el Gobierno estaría dispuesto a flexibilizar la propuesta y evitar los articulados que criminalizan la práctica.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró la posibilidad de modificar la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para regular la subcontratación de empleados a través de terceros, conocida como outsourcing.

“Estamos haciendo la revisión, para que no se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores, además, como autoridad, dándonos cuenta que estañan utilizando estas maniobras”, expresó López Obrador en #LaMañanera.

El mandatario consideró que los empresarios deberían probar que los usos que se dan a la figura de outsourcing no se convierten en abusos contra los trabajadores.

“Sí, sí se puede modificar la iniciativa, pero tiene que probar de que no es esto abusivo”, señaló.

Cabe recordar que industriales y expertos lanzaron distintas advertencias sobre el contenido de la iniciativa como, por ejemplo, que volverá burocráticas las contrataciones, que inhibirá la creación de nuevos empleos y que restará competitividad a las empresas.

La IP solicitó ayer a la Cámara de Diputados no prohibir el outsourcing, sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además, demandó alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el 2022.

(Con información de Grupo Reforma)