Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Para consultar el reporte completo entra a https://bit.ly/Reporte19

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el estudio “La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México”.

Anticipa aumentos en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo de que grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza, al no haber políticas dirigidas a ese segmento.

El instituto señala que la pobreza podría incrementarse en un aproximado de 7.9% (entre 8.9 y 9.8 millones de personas). Por su parte, el número total de personas en situación de pobreza extrema aumentaría entre 4.9% y 8.5% (6.1 y 10.7 millones de personas).

Esto no son cifras menores, estamos hablando que aproximadamente el 15% de la población total del país pasará a una situación de pobreza o de pobreza extrema. Es decir, habría un incremento de casi un 50% en el número total de personas en pobreza (considerando que en 2018 el porcentaje de pobres era del 42%).

Para tratar de evitar esta que es a todas luces una tragedia social, el Coneval propone un aumento en el gasto social de hasta 1,2% del PIB (137,288 millones de pesos) para ampliar y fortalecer las medidas emergentes desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa y asegurar una focalización adecuada.

El organismo concluye poniendo el dedo en la llaga y es que señala la falta de medidas por parte del gobierno federal para quienes han perdido su fuente de ingreso y para los sectores urbanos más expuestos.

Llama la atención la falta de flexibilidad que ha demostrado el Presidente López Obrador, pues en lugar de diseñar medidas emergentes focalizadas a la población y zonas que más sufrirán los efectos económicos, parece instalado en el mismo discurso y programas que tenía antes de la pandemia.

La afectación a la población de ingreso medio podría ser particularmente aguda, pues al no existir programas o redes de apoyo focalizadas a este segmento, el riesgo de caer en pobreza aumenta.

A mayor vulnerabilidad, mayor afectación. De ahí que cobre relevancia la discusión del Ingreso Único Vital que se está promoviendo en la Cámara de Diputados para otorgar transferencias por tres meses a las familias más vulnerables.

Este ingreso está siendo apoyado por la oposición a Morena (PAN, MC), pero está sumando cada vez más legisladores y organizaciones de peso como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Nosotrxs y Oxfam México.

Siendo el de Morena un gobierno que ha puesto el énfasis en poner primero a los pobres y a las transferencias directas a grupos vulnerables, en principio sería extraño que hubiera una negativa a una medida de esta naturaleza, pero el factor político podría terminar pesando más.