Hoy hablamos de casos de corrupción casi todos los días, es un mal que nos ha acompañado por décadas y que poco a poco gracias a trabajos periodísticos y hasta las redes sociales han permitido que las denuncias se vean reflejada en acciones concretas en su contra.

La gran corrupción política, más allá de la avaricia y el cinismo de la clase política, nos habla de la necesidad de reconstruir nuestro tejido social, volver a las instituciones al servicio de la ciudadanía y recuperar la confianza con buenas prácticas.

Alguna vez la llamaron “la generación que cambiaría al país”, al grupo que conformaron algunos gobernadores y exgobernadores, que sí cambiaron al país; la violencia, los escandalosos contratos, la malversación de recursos y una corrupción sin precedentes. Varios de estos exgobernadores han sido acusados y hasta encarcelados, pero qué ha pasado desde entonces; no solo deberían regresar lo que se llevaron, también debemos trabajar día a día para formar una clase política que responda a las necesidades de los ciudadanos.

Más de dieciséis gobernadores se encuentran actualmente bajo proceso, algunos no sólo por actos de corrupción, también destacan tortura y peculado entre los cargos. Hablar de una clase política que necesita un cambio, ha sido el común denominador en campañas desde hace unos años.

Las recomendaciones que Transparencia Internacional y Transparencia México hicieron al presentar su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 no sólo nos habla de los escenarios que están pasando en la actualidad:

”

1. Corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
2. Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular.
3. El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
4. Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
5. En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales.
6. En el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.” IT. http://www.tm.org.mx/ipc2016/ 

Las recomendaciones responden además al trabajo que aún queda por delante, un gran camino que aún nos toca recorrer, debemos seguir construyendo políticas públicas que permitan erradicar las malas prácticas y seguir alzando la voz para exigir instituciones más justas y cercanas a todos. Sigamos trabajando y pasando de las palabras a los hechos.