Aumento al salario mínimo beneficiará a 6.3 millones de trabajadores: STPS

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Durante la conferencia de prensa matutina, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que el incremento de 22% al salario mínimo, el cual pasará de 141 pesos a 172 pesos, beneficiará a 6.3 millones de personas registradas en el Seguro Social con este nivel de ingresos.

Desde Palacio Nacional, la funcionaria federal explicó que en términos mensuales esto representa un incremento de 948 pesos al mes, con lo que se recupera el 71% del poder adquisitivo.

Lo relevante es que todos los trabajadores sepan que el salario mínimo incrementará 22 por ciento, aplicará a partir de 1 de enero del próximo año. Reconocer que haya acompañado el sector empresarial, tiene que ver que el propio liderazgo del Presidente ha ayudado a sensibilizar de la necesidad de avanzar en la recuperación del poder adquisitivo«, expresó.

En tanto, Luisa María Alcalde aclaró que en la frontera el salario pasará de 213 a 260 pesos, lo que significa un alza de mil 428 pesos adicionales al mes.

«Incremento directo a 6.3 millones que ganan salario mínimo por supuesto a millones de familias adicionales porque incrementar ingresos se puede comprar más, se fortalece el poder de compra en negocios, servicios, eso ayuda a fortalecer la economía local. Esos 6.3 millones representan el 30 por ciento de trabajadores inscritos en el IMSS«, indicó.

Esta medida coloca a México 13 posiciones arriba del lugar 80 en el que se ubicaba en materia de salarios mínimos; el país ahora está en la posición 67, por encima de Colombia, Perú, Guinea y Ucrania.

Por su parte, el presidente López Obrador celebró el consenso entre empresarios, sector obrero y gobierno para lograr este aumento.

«A finales del 18 hubo consenso, a finales del 19 también, a finales del 20 no, no participó no estuvo de acuerdo el sector empresarial pero ahora sí, de modo que hubo esta unidad de criterio, esta voluntad de las partes y se logró el incremento que es consideramos muy importante«, subrayó.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Recuperan cuerpo de sexto minero en Múzquiz, Coahuila

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Tras seis días de labore ininterrumpidas rescatistas y brigadistas recuperaron el cuerpo del sexto minero atrapado en la mina Micarán de Múzquiz, Coahuila.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el cuerpo logro ser recuperado a las 18:30 horas del miércoles y aseguró que la operación para sacar el último cuerpo continuará.

La titular de la STPS, Luis María Alcalde, reconoció como “admirable” la labor de los rescatistas y sentenció que “aquí seguiremos” hasta recuperarse el cuerpo del séptimo minero.

Siete minero quedaron atrapados el 4 de junio por el colapso de una mina en el municipio de Múzquiz, hacia donde se desplazaron elementos de Protección Civil y del Ejército para las labores de rescate.

La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación provocó la ruptura del techo y paredes de la mina, provocando el colapso del lugar.

Los cuerpos de dos mineros fueron recuperados el sábado 5 de junio, uno en la mañana y otro en la noche.

El tercer cuerpo fue recuperado a las 6:25 h del domingo y apenas tres horas después se rescató el cuerpo de un cuarto minero.

El quinto cuerpo fue sacado la mañana del miércoles, alrededor de las 9:50 h.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) dio a conocer que el año pasado presentó una queja ante las autoridades por las “terribles condiciones” de la mina en Múzquiz, donde quedaron atrapados siete trabajadores.

“Desde octubre del 2020 se denunciaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las terribles condiciones de esta mina, sin que las autoridades tomaran medidas acordes al riesgo”, expresó el Centro ProDH en redes sociales.

Concretamente, la denuncia fue presentada por la organización Familia Pasta de Conchos, formada por familiares de las víctimas de un accidente minero ocurrido en la zona en 2006, las cuales cuentan con el asesoramiento del Centro ProDH.

Ambas organizaciones enviaron una carta el 23 de octubre de 2020 al director de la CFE, Manuel Bartlett, en la que pedían una reunión para abordar, entre otros asuntos, la “no repetición de siniestros y fallecimiento evitables en las minas de carbón”.

En la carta denunciaron que dos empresas que tienen contratos con la CFE “extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene”, y adjuntaron fotografías para demostrarlo.

“No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis (zapatillas), sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidos, ventilación, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS”, criticaron.

En respuesta a la denuncia, CFE aseguró que la mina de Micarán no es su proveedora de carbón y expuso que, en consecuencia, era imposible que Manuel Bartlett estuviera enterado del estado en el que operaba.

ASF encuentra posible desfalco en programa Jóvenes Construyendo el Futuro

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diferentes irregularidades en la operación del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro que incluye un probable daño patrimonial por 57 millones de pesos, centros de trabajo fantasmas, pagos a benenficiarios ya fallecidos y a beneficiarios que reciben doble beca por estar inscritos al mismo tiempo en otro programa.

En el tercer paquetes de informes de la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF difundió los resultados de una auditoría de desempeño forense practicada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Cabe mencionar que las auditorías forenses pueden considerarse las más rigurosas porque consisten en “la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de proceso, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular”.

“Dada la importancia, relevancia e impacto que tiene la inclusión de los jóvenes al ámbito social y laboral, se determinó llevar a cabo la presente auditoría forense al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para verificar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos para el objeto al que fueron autorizados”, argumentó la ASF.

La dependencia detalló que se encontraron irregularidades como un probable daño patrimonial por 57 millones 90 mil 400 pesos, de los cuales, más de 48 millones corresponden a pagos realizados a 3 mil 188 beneficiarios que, según las reglas, no debían estar trabajando ni estudiando para ser parte de este programa.

La auditoría encontró que “estos beneficiarios también recibieron en los mismos periodos apoyo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación Pública, cuyo propósito es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones de Educación Superior”.

Por otro lado, la ASF identificó 183 beneficiario del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibieron el importe de 2.5 millones de pesos, percibieron a su vez, en los mismos periodos de tiempo durante el ejercicio 2019, apoyo del Programa de Apoyo a la Educación Indígena operado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, programa que busca contribuir a la permanencias, desarrollo y conclusión del grado y nivel académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, de 5 a 29 años, pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, inscritos en escuelas públicas de los niveles, básico, medio superior, superior y maestría.

Por lo tanto, la ASF concluyó que dicho programa no cuenta con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información y documentación plasmada y adjuntada en la Plataforma Digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro por parte de los aspirantes y beneficiarios del Programa, así como de quienes participaron como Centro de Trabajo.

Además, la ASF encontró que 68 beneficiarios recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento por un importe total de 482 mil 400 pesos.

En lo que respecto a los centros de trabajo revisados, que forman parte de la muestra, en donde se supone que imparte la capacitación a los beneficiarios, estaban abandonados y otros centros de trabajo no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria que soporte la capacitación impartida, mientas que dos centro de trabajo, por medio de sus Representantes Legales, señalaron no haberse registrado en el Programa.

Por último, la ASF concluyó que el manejo que se hace de los recursos públicos federales en ese programa “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia y honradez al Estado”.

(Con información de Milenio)