La Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa ha concedido una suspensión provisional a Transportes Progreso con el objetivo de que las autoridades responsables entreguen a las personas morales sus “bienes objetos de la requisa“, en este caso la ruta urbana “400“.
“A fin de que se le permita seguir prestando el servicio de transporte público de pasajeros, siempre y cuando a la fecha haya subsanado las irregularidades que se detectaron y que motivaron la requisa“, explicó la especialista judicial.
Fue el 1 de julio, cuando el Instituto de Movilidad requisó la ruta después de que esta presentara aumentos no autorizadas dentro de su tarifa (de $12 a $15 pesos), y que aún continuará perpetuándolos a pesar de que ya habían advertido que habría consecuencias.
Ante este fallo, la ruta podría volver a operar aunque el hecho podría aún ser impugnado por autoridades estatales.
La ruta 400 transita entre los municipios de Monterrey y Santa Catarina.