En México ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo. Ante la complejidad de este problema, en Propuesta Cívica A.C. realizamos una investigación exhaustiva sobre el marco legal mexicano para identificar las leyes que afectan negativamente la libertad de prensa. Estos marcos normativos incrementan el riesgo al que se enfrentan los periodistas en su labor, exponiéndoles a mayores situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de su profesión.

Uno de los hallazgos más alarmantes es la persistencia de delitos contra el honor (difamación, calumnia e injurias) en los códigos penales estatales, incluido el de Nuevo León. Estos tipos penales, imprecisos y desproporcionados, históricamente han amenazado la libertad de expresión como herramientas de censura. Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a México a despenalizar estos delitos en todos los estados, la falta de acción revela la resistencia para proteger los derechos de las personas periodistas.

Como respuesta a lo anterior, el pasado 11 de noviembre Propuesta Cívica A.C., la Red de Periodistas del Noreste y el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León A.C. presentaron un paquete de iniciativas en el Congreso del Estado. El objetivo es impulsar cambios urgentes para que la legislación estatal cumpla con los estándares mínimos de protección al periodismo y a la libertad de expresión, derechos fundamentales en cualquier sociedad democrática.

En Nuevo León, la situación es especialmente crítica: la ambigüedad de la legislación permite que se utilice la ley para amenazar e intentar silenciar a periodistas, ya que carece de un marco claro de responsabilidad y protección. Esta falta de claridad fomenta la autocensura y limita el ejercicio pleno del periodismo.

La presentación de estas iniciativas en el Congreso de Nuevo León es un primer paso hacia la creación de un entorno más seguro para las personas periodistas. No obstante, se requiere voluntad política y compromiso real de las y los legisladores para que estas propuestas se traduzcan en leyes efectivas que protejan a quienes ejercen una labor esencial para la sociedad.

Las experiencias de otros estados y las recomendaciones de organismos internacionales han demostrado que la despenalización y la creación de estándares claros no solo protegen a las y los periodistas, sino que fortalecen la democracia y el derecho a la información de toda la ciudadanía.