Además de la terrible corrupción que buscó encubrir durante casi un mes el caso del joven asesinado por policías; donde un gobierno estatal y municipal aún hoy se echan la bolita para no asumir responsabilidades; además de la represión por parte de la policía estatal de Jalisco a las protestas, la desaparición forzada de un grupo de jóvenes y su posterior conducción al penal de Puerta Grande sin una carpeta abierta o sin tener una abogada, los sucesos acontecidos a partir del caso del joven Giovanni, detenido, torturado y asesinado por policías en Jalisco por el simple hecho de no llevar un cubrebocas, pone al descubierto el problema de la brutalidad policiaca que hemos tenido durante muchos años en este país. Ahora desafortunadamente a este caso se suma el del pequeño Alexander de 16 años quien fuera confundido en Oaxaca con narcotraficantes y asesinado de un balazo por un policía.
Todo esto que sucede es abrumante, y sin embargo no es sorpresa para nadie. Entre 2006 y 2014 hubo ante la CNDH 11 mil quejas -atención que fueron solo las denunciadas dentro de un delito que se reporta poco por miedo a denunciar a la autoridad- por tortura y maltrato policial. De acuerdo con Amnistía Internacional, 7 de cada 10 mujeres detenidas en México han sido torturadas o han sufrido violencia sexual. No es de a gratis que las torturas policiales mexicanas sean famosas: el “tehuacanazo”, la “chicharra” y el “buzo”. Definitivamente en México tenemos un problema con la policía, y más que con la policía con la autoridad, ya que la policía no es sino otro eslabón mal preparado de una cadena de elementos de autoridad que han sido corrompidos y descuidados al menos durante cuarenta años.
El error de lo acontecido en Jalisco está en tres partes: 1) en la narrativa del autoritarismo, en la mano dura del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que desplegó a la policía para hacer acatar el confinamiento y criminalizó tajantemente a quienes salieran de sus casas. 2) No habría ocurrido la brutalidad policiaca de no ser que tenemos una policía mal preparada al momento de realizar sus tareas, y es que el tener una paración técnica no implica que tengan una preparación humanitaria basada en el respeto a los Derechos humanos. 3) El último gran error es el de no entender que este país la justicia es accesible de manera diferenciada de acuerdo a temas de género, de color de piel y por supuesto del estrato socioeconómico del que venimos. Hay que reconocer los patrones de abuso policial e impunidad para entender desde dónde atenderla: en la práctica el acceso a la justicia en nuestro país es un tema de privilegios.
Cualquier reforma a las policías municipales y estatales, así como a encargados de procuración de justicia debe necesariamente tomar en cuenta una sensibilización en temas de género, una conciencia de la discriminación que hay en México vinculada a un tema de raza y, por supuesto también, a la opresión y la violencia que se ven sometidas las y los mexicanos de los estratos económicos más pobres. Solo así, prestando especial atención a quienes han sido más vulnerados, podemos partir de un principio de justicia igualitaria para evitar que más -jóvenes, morenos y de clase baja- sean asesinados a sangre fría por autoridades que simplemente saben que pueden hacerlo.
Camila Martínez Gutiérrez.
Estudiante de Comunicación Política en la UNAM. Consejera Editorial en Regeneración. Feminista. Obradorista.