Hace unos días, la senadora Andrea Chávez, del grupo parlamentario MORENA, fue víctima de un ataque de violencia digital cuando se difundió en redes sociales una imagen manipulada que fusionaba su cuerpo con el de otra mujer en una pose degradante. Aunque algunos han intentado justificar su difusión bajo el argumento de la libertad de expresión y la crítica hacia una persona servidora pública, este tipo de ataques trascienden el ámbito político y entran en el terreno de la violencia de género. No importa si no estamos de acuerdo con sus posturas políticas, la violencia y la humillación nunca deben ser toleradas como formas legítimas de crítica.
La libertad de expresión, como bien sabemos, no es un derecho absoluto. Tiene límites cuando atenta contra la dignidad humana, incita a la violencia o fomenta la discriminación, tal como lo establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disfrazar la violencia de género como “crítica política” no es válido ni legítimo.
No caben excusas como “esa imagen ya circulaba por Internet” o “yo solo la subí”. Este tipo de violencia digital es una extensión de la que muchas mujeres enfrentan en su entorno físico. Lo que ocurre en el espacio digital también es real, y aunque los cuerpos o rostros de las víctimas no coincidan con las imágenes manipuladas, estas agresiones afectan profundamente su identidad y dignidad. Las repercusiones son tangibles: desde el daño a su reputación hasta el impacto en su bienestar emocional y profesional. Estos ataques no solo deshumanizan, sino que buscan silenciar las voces femeninas que ocupan espacios de poder o influencia pública.
Más allá de las implicaciones políticas, lo preocupante es cómo se ha normalizado este tipo de agresiones. Según ONU Mujeres, las formas más comunes de violencia en línea incluyen la difamación, el ciberacoso y el discurso de odio. En su estudio de 2022, advirtieron que la violencia digital está creciendo de forma exponencial, afectando especialmente a mujeres que ocupan posiciones de liderazgo político, periodístico y social.
Es un error considerar la violencia digital como algo distante de la violencia estructural que enfrentan las mujeres diariamente. Las agresiones en línea generan estrés, vulnerabilidad y, en muchos casos, fuerzan el alejamiento de las mujeres de los espacios de poder. Con la proliferación de programas de edición digital y la creciente disponibilidad de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, las mujeres están expuestas a nuevas y peligrosas formas de violencia. No es solo la imagen distorsionada lo que está en juego; es su dignidad y su derecho a participar plenamente en la sociedad.
Aceptar la difusión de una imagen como esta es aceptar que la violencia puede ser justificada por diferencias de opinión o, peor aún, por ser mujer. Criticar a figuras públicas es legítimo, pero la crítica nunca debe transformarse en violencia de género. Mientras que los ataques hacia políticos hombres suelen centrarse en su desempeño, los dirigidos a mujeres tienden a centrarse en su género, reforzando un patrón de violencia de género.
En México, la Ley Olimpia representa un avance crucial en la protección contra la violencia digital. Sin embargo, muchas mujeres se encuentran con un camino lleno de obstáculos cuando intentan denunciar estos crímenes: desde la falta de conocimiento sobre sus derechos, hasta el miedo a represalias y la ineficacia del sistema de justicia. Aunque figuras públicas como Andrea Chávez cuenten con respaldo institucional para proceder legalmente, muchas otras mujeres en México no tienen el mismo privilegio ni acceso a justicia.
Es crucial que el caso de Andrea Chávez sea investigado y resuelto por las autoridades de justicia penal en México, ya que no solo se trata de su dignidad como servidora pública, sino también de enviar un mensaje claro de que este tipo de violencia no puede quedar impune. Sin embargo, no podemos ignorar que la mayoría de los casos de violencia digital, especialmente aquellos que no alcanzan la visibilidad mediática, rara vez llegan a una resolución favorable para las mujeres que denuncian. El acceso a la justicia para quienes no tienen una plataforma pública sigue siendo limitado, y muchas mujeres enfrentan largos procesos judiciales que a menudo terminan en la revictimización.
La justicia no debería depender de la visibilidad mediática ni del capital político de las víctimas. El caso de Andrea Chávez es solo un reflejo de un problema más amplio: la violencia de género no solo está en los agresores, sino también en la falta de respuesta adecuada por parte del sistema de justicia.