Tras años de discusiones legislativas y exigencias sociales, el Congreso de Nuevo León aprobó la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, un sistema que ya comenzó a operar y que busca poner fin a la impunidad de quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias.

El nuevo registro establece sanciones legales y administrativas para las personas que acumulen más de 90 días de adeudo, limitando su acceso a diversos trámites y derechos civiles.

Entre las principales restricciones se encuentran la prohibición de contraer matrimonio civil, la negativa en la expedición o renovación de licencias de conducir y pasaportes, así como la imposibilidad de participar en concursos, ocupar cargos públicos o registrar bienes ante notaría. También se prevén limitaciones en trámites ante Control Vehicular.

El Poder Judicial del Estado, en coordinación con el DIF Nuevo León, será el encargado de administrar la plataforma. Su propósito no sólo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, sino también hacer visible a quienes incumplen y ofrecer una herramienta de protección a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

A partir de la entrada en vigor del decreto, toda persona que realice trámites estatales o federales deberá presentar un certificado de no inscripción en el registro, documento gratuito que acredita estar al corriente con las pensiones alimenticias.

Los nombres de las personas inscritas, junto con los montos adeudados y las resoluciones judiciales, serán públicos, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. Además, esta información será compartida con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, extendiendo su alcance a todo el país.

Con esta medida, cualquier ciudadano podrá consultar si un posible cónyuge, socio o servidor público figura en el padrón de deudores, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en temas de responsabilidad familiar.