La administración de Adrián de la Garza será marcada por el mayor programa en la historia del municipio (tal como lo anuncia); la inversión aprobada de $722’611,572 pesos para recarpetear 3’165,000 metros cuadrados de vialidad.

Vialidades Regias podría quedar opacado tan sólo por un proceso penal exitoso contra los protagonistas de la administración anterior (siendo el encarcelamiento lo más llamativo, la prisión domiciliaria lo mas plausible, y el embargo de bienes lo más necesario).

Sin embargo, existe un tercer proyecto axial en la agenda. A principios del mes de julio, el alcalde declaró que inundará la ciudad con cámaras de video-vigilancia. Sorpresivamente sus palabras no tuvieron ni hasta la fecha han tenido repercusiones mediáticas, siendo un tema proclive a polémica particularmente por dos motivos.

Primeramente, porque las finanzas municipales no se encuentran en condiciones para emprender tal idea, lo que forzara como únicas opciones a realizarla el contratar aún más deuda (improbable dado que el Congreso ya se la ha rechazado una ocasión), o el utilizar un esquema de financiamiento de Asociación Pública Privada (cuya licitación sería interesante).

Aquí seguramente aparecería el cuestionado José de Jesús Ortuño, experimentado empresario de la materia que en la pasada administración de Mauricio Fernández colaboró en el fallido proyecto de San Pedro Net.

En segundo lugar, porque los programas gubernamentales de video-vigilancia masiva suelen ser recibidos como golpes totalitarios a la población, al puro estilo de la novela 1984 de George Orwell.

Aquí es donde quiero concentrarme: en una muy breve exposición de las marcadas diferencias entre un programa gubernamental de seguridad pública (el cual creo necesario para reducir los índices delictivos) y una distopía totalitaria.

Un gobierno totalitario es aquel que pretende controlar cada aspecto de la vida de las personas: cómo pasan su tiempo (inclusive en privado), con quién se asocian, lo que pueden decir, e inclusive lo que piensan y sienten.

Partiendo de esta definición, se muestra erróneo sugerir que la sola implementación de cámaras de video-vigilancia convierten al gobierno en totalitario, puesto que en el caso de Monterrey, éstas se instalarían en lugares públicos (plazas, avenidas, etc.) y no privados (hogares, escuelas, oficinas) con el propósito de monitorear la posible actividad delictiva (robos, asaltos, asesinatos), tipificada en códigos que han sido promulgados de manera democrática.

Por lo tanto, no se invade la vida privada de los individuos ni se les persigue injustificadamente.

Hay quien alude a un derecho a la privacidad, el cual no se violenta debido a que, nuevamente, la video-vigilancia está instalada en los espacios públicos (y es en los privados donde se ejerce este derecho) así como tampoco se transgrede porque no tiene como propósito el exhibicionismo.

Resulta también imposible incidir en los pensamientos y sentimientos de la población a través de la video-vigilancia debido a que hace falta el factor propaganda, que sí está presente en 1984.

De igual forma se encuentran ausentes de la realidad en comparación con la novela, la presencia de guerra, desabasto, la prohibición de reunión y los campos de labores forzadas.

El contraste entre una realidad hipotética y la ficción terminan arrojando nulas similitudes, pero muestran quizá un miedo infundado ante una nueva estrategia para combatir a la delincuencia.

Estaré a la espera de que el tema cobre fuerza.

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