Mientras representantes de comunidades indígenas que resultarán afectadas por la construcción del Tren Maya intensifican medidas para tratar de frenar el proyecto, recolectando incluso miles de firmas en rechazo a la obra, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresa al Gobierno federal su preocupación por el riesgo que representa para los derechos humanos de los pueblos originarios involucrados. 

Este miércoles, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) entregaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Campeche 268 mil 208 firmas para exigir que se niegue la autorización de impacto ambiental para la fase 1 del Tren.

Aseguran que el nombre del proyecto nada tiene que ver con la realidad, pues le llaman Tren Maya a una obra no avalada por su comunidad. 

Las firmas que fueron registradas en una petición publicada en la plataforma SalvaLaSelva.org advierten riesgo de despojo de tierras y tradicionales culturales con el proyecto, además de que, dicen, causará el desplazamiento forzado de indígenas, afectará diversos cuerpos de agua y su manejo, y aumentará la generación de residuos.

Por considerar que no se adecua a las normas ambientales, solicitaron a la Semarnat que niegue la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Proyecto Regional Fase 1 Tren Maya con clave 04CA2020V0009.

“Asimismo, solicitamos que conforme a sus facultades, garantice el cumplimiento de la normatividad ambiental mexicana suspendiendo las actividades de construcción del proyecto Tren Maya, por no contar con los elementos indispensables para la obtención de la autorización pretendida”, señalaron.

En ese contexto, seis relatores especiales de derechos humanos de la ONU advirtieron al Gobierno federal, a través de una carta, presuntas violaciones cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el Tren Maya.

Principalmente, de sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud. 

“Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales”, afirman en la misiva que fue difundida recientemente.

Los relatores además, se remiten a la consulta indígena en la que fungieron como observadores, y en la que detectaron violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. 

Aseguran que el proceso fue impuesto simplemente para legitimar el proyecto. 

“Siendo que la decisión estaba ya tomada al margen del consentimiento de las comunidades. No habría sido culturalmente adecuado, por el escaso tiempo, la falta de acuerdos previos sobre cómo se habría tenido que llevar a cabo y la creación de asambleas regionales que no corresponden a la manera de organizarse de las comunidades”, añaden.

(Fuentes: Grupo Reforma y El Mañanero Diario)