Los avances en materia de salud han elevado la esperanza de vida, que aunado a la existencia de una mayor planificación familiar han derivado en que la estructura poblacional comience a tener forma de pirámide invertida; es decir, que la proporción de adultos mayores en relación al número de jóvenes se incremente considerablemente. Lo anterior exige que los gobiernos tengan un plan de largo plazo para prevenir el pago de pensiones, que a pesar de ser un problema para grandes economías, los países no realizan los esfuerzos necesarios para atender la contingencia, sino que reaccionan hasta que el problema se hace evidente.
En México, gran parte de las pensiones están a cargo del IMSS, el cual deberá destinar 68 mil mdp a este concepto en 2016. Esto representa una presión fuerte para el instituto, y atender el pago de pensiones significará destinar menos recursos para el sistema de salud. México ha realizado diversas reformas en el sistema de pensiones que no han eliminado el problema que este tema significa para las finanzas del país. Muchos estados prevén que el periodo crítico para el pago de pensiones serán los próximos 8 años, y después la carga para el gobierno disminuirá, esto como consecuencia de la reforma de pensiones de 1997.
Es importante que la legislación de nuestro país no solo contemple la realización de aportaciones para el retiro, sino que esta sea lo suficiente para garantizar que las personas puedan atender todas sus necesidades.
En nuestro país la aportación al sistema de pensiones es del 6.5% del salario base del trabajador, pero esto no garantiza que existan los recursos necesarios para otorgar una pensión suficiente para la manutención del adulto mayor. Según estimaciones de la OCDE es necesario elevar el porcentaje de aportación a un rango entre 13% y 18%. Si en la edad de retiro los trabajadores no cuentan con una pensión suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, se agudiza la presión al gobierno para incrementar los recursos destinados a los programas sociales que atienden a este sector de la población, lo cual se traduce en un costo para toda la sociedad.
Es importante que la legislación de nuestro país no solo contemple la realización de aportaciones para el retiro, sino que esta sea lo suficiente para garantizar que las personas puedan atender todas sus necesidades. Para ello es importante que el ahorro de los trabajadores sea invertido de forma eficiente, buscando alcanzar el máximo rendimiento posible, sin poner en riesgo el patrimonio adquirido.
En nuestro país la aportación al sistema de pensiones es del 6.5% del salario base del trabajador, pero esto no garantiza que existan los recursos necesarios para otorgar una pensión suficiente para la manutención del adulto mayor.
En nuestro país no hemos desarrollado por completo la cultura del ahorro voluntario para la edad del retiro, muchas personas no piensan qué pasará cuando ya no estén en condiciones de trabajar. En algunos sectores del gobierno ni siquiera existe un estudio actuarial que estime el tamaño de la contingencia, y esto hace que sea muy difícil planear. Tanto el gobierno, las empresas, como la sociedad tenemos que tomar acciones que permitan garantizar los recursos necesarios para que las personas en edad de retiro puedan tener una vida de calidad.
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