¡Diputados se echan para atrás! Sí pagarán ISR

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que si pagarán el Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo, esto después de que Grupo Reforma publicará un acuerdo del Comité de Administración que establecía que los legisladores no pagarán el ISR.

“Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto”, dice el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Delgado, reconoció que existe una contradicción entre la nueva ley y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero aseguró que ahora se tendrá que pagar el ISR del aguinaldo.

Además dijo que lo que se obtenga por no cubrir el ISR de los legisladores se sumará a los ahorros del ejercicio del 2018 y se devolverá a la Tesorería de la Federación.

(Con información de Grupo Reforma)

 

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

#Kleroterion: “La Remuneración Justa…”

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Uno de los factores principales de cualquier trabajo, es la remuneración justa y equitativa, acorde al trabajo, tiempo, capacidad, entrega, plazos, entre otros. Sin embargo, esto no ocurría u ocurre en el sector público, ya que infinidad de veces es bien sabido que los sueldos son totalmente extremosos e inequitativos, pero cuando hablamos de cargos públicos, sabemos la desigualdad que muchas veces existe entre los salarios del servidor y el de su equipo de trabajo, cuando en muchas ocasiones, el asesor, empleado, director, subdirector, etc., gana más que el principal y en muchas veces ni siquiera el trabajo es el justificado para obtener ese sueldo y en otras ocasiones, los que realizan la verdadera labor, no ven reflejado en su salario la remuneración justa.  

Es por esto que un gran avance en esta administración es sin duda, la presentación, aprobación y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se viene a reglamentar, entre otras cosas, los sueldos a los funcionarios federales, respecto a la administración entrante, en este sentido se fija el tope salarial de 108 mil pesos al titular del ejecutivo, dando pie a la ya tan mencionada frase de “nadie puede ganar más que el presidente”, además de un tema el cual me uno de manera grata y estoy seguro que gran parte de la población en general también, es que desparecen las pensiones a los ex presidentes, que finalmente termina pagando el ciudadano y/o contribuyente, por lo que en todos los aspectos es benéfico para los ciudadanos, así como para la estructura del próximo presupuesto 2019.

Lo importante de esta reforma va más allá de partidos o corrientes, es una manera de sensibilizar al político en comparación a lo sueldos de la ciudadanía, los cuales en muchas ocasiones merman la credibilidad de los servidores públicos, por lo que se da entrada a una administración justa y equilibrada respecto a todas las labores, trabajos y profesiones distintas a las de gobierno y eso sin duda, da buenas expectativas a la población, que ya por demás tiene muchos vacíos jurídicos y las diferentes problemáticas con las que se va viviendo en México.

Con esta nueva Ley se reduce en un 60 por ciento lo que actualmente gana el primer mandatario, por lo que es muy buen ejemplo cuando se trata de austeridad, ya que si desde el principio se establecen los mecanismos de ahorro respecto a los venideros servidores públicos, será sin duda un gran comienzo.

Es importante reconocer que esto no significa devaluar el trabajo o desempeño de los servidores públicos, más bien es adecuar la pirámide natural de la Administración Pública Federal, adecuando y transparentando los sueldos justos y lógicos, sin olvidar que son servidores federales, estableciendo sus tabuladores, funciones específicas y justificación de los cargos. 

Ahora bien, es muy importante saber con más precisión a quién va dirigida esta ley, además de los funcionarios a nivel federal, también están incluidos los institutos autónomos, el Poder Legislativo y el Judicial, es decir, a Diputados y Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, las Instituciones de Educación Superior de la Federación de carácter autónomo y los Organismos Públicos Descentralizados de la Federación. 

Asimismo, estas remuneraciones deben adoptar siete principios generales: la anualidad, el reconocimiento del desempeño, la equidad, la fiscalización, igualdad, legalidad y sobre todo la transparencia y rendición de cuentas, entendiendo como remuneraciones a las percepciones en efectivo o en especie, las cuales incluyen dietas o salarios, gratificaciones, premios, aguinaldos, bonos y recompensas.     

Además, esta ley contempla la denuncia por anomalías a la instancia interna de control y disciplina, así como la petición de iniciar un juicio político a los funcionarios como Ministros de la SCJN, Diputados y Senadores, Consejeros de la Judicatura Federal, Fiscal General, Magistrados del TEPJF y de Circuito, Jueces de Distrito y los Consejeros del INE, así como diversas sanciones como multas e inhabilitaciones y en algunos supuestos hasta cárcel, dependiendo la gravedad del ilícito.

Estoy convencido que esta reforma, muchos no la ven con buenos ojos, tan es así que varios funcionarios en diferentes instancias federales, han renunciado por el tan mencionado recorte presupuestal, además de solicitar su jubilación adelantada, o en su caso, están en la búsqueda de otros cargos en diversos sectores, así como los jueces y magistrados que manifiestan que ellos están exentos de esta ley por el artículo 94 de la Constitución, en específico el párrafo 11,  que a la letra dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, argumentando que para poder exigirles la aplicación de esta ley es necesario una reforma constitucional.

Cabe mencionar otro caso específico, el de los gobernadores, ya que la ciudadanía puede asemejarlos con la misma referencia de cargo federal, pero en su calidad de mandatarios estatales, éstos son regidos por medio de sus propias leyes, por lo que sus salarios se basan en la misma soberanía y autonomía por la que son regidos, sin embargo, de acuerdo al proceso legislativo natural, al aprobarse esta Ley Federal es obligación de los Congresos Estatales ajustar sus leyes locales para que ningún gobernador o servidor público gane más que el presidente, pero también estamos observado que muchos mandatarios estatales están adoptando como propia esta ley por considerándola adecuada, oportuna, eficaz y necesaria.

Concluyo diciendo que toda persona tiene derecho a un salario digno y equitativo, pero cuando se trata de servidores públicos se debe tener esa exigencia de transparencia para comenzar a creer nuevamente en los políticos; dejar de ver esas distancias irracionales e ilógicas, entre los gobernantes y los gobernados, ya que para la ciudadanos es verdaderamente indignante un sueldo de más de 300 mil pesos a un funcionario, en comparación con un sueldo de 4 mil pesos mensuales de un empleado, que cobren los servidores, por supuesto, es su derecho y por algo muchos de ellos están en esos puestos, su experiencia y capacidad los hacen acreedores a una remuneración, lo único que se pide es una remuneración justa…

Es oficial… Eliminan las pensiones de los ex Presidentes

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Esta mañana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que establece que ningún funcionario federal puede tener un salario mayor al del presidente y además elimina las pensiones de los ex presidentes.

La ley, que no fue publicada por el Presidente Enrique Peña Nieto y por lo tanto requirió que el Congreso ordenará su difusión, modifica los artículos 75 y 127 de la Constitución.

“Ningún servidor público recibe una remuneración retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, se lee en el artículo 6 de la Ley.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá un salario de 108 mil pesos mensuales.

Aunque la ley estipula que hay algunas excepciones, como que el excedente sea por el desempeño de varios puestos, con respectivo dictamen de compatibilidad, por un contrato colectivo o por su perfil especializado, se pone un limite de 162 mil pesos mensuales.

Cabe mencionar que en la legislación no se menciona directamente a los ex Presidentes, pero se anula la pensión que reciben actualmente.

“Los servidores públicos de elección popular no tiene derecho a liquidación o compensación de alguna por el término de su mandato”, ordena la ley.