Hablar del Sistema de Justicia Penal Mexicano algunas veces parece broma y es que la prensa, y los mismos informes de gobierno, nos dejan ver inconsistencias entre los hechos y las repercusiones. O, según sea el caso, los protocolos necesarios no se llevan a cabo correctamente por lo que una sentencia puede ser derogada y los criminales liberados. 

¿De dónde viene la idea de hablar de este tema? Esta semana los medios de comunicación y las redes sociales tuvieron su lupa en varios casos, entre ellos dos de los que hablaré a continuación: la reapertura del caso del “asesino de Cumbres” Diego Santoy, homicida de los hermanos Peña Coss de 3 y 7 años, y la tortura, violación y asesinato de la niña Fátima de 7 años. 

El 14 de febrero los neoleoneses y el país entero amaneció con la noticia de que los abogados de Diego Santoy Riveroll ganaron un amparo que anula la condena de 138 años que recibió por los crímenes de asesinato de los hermanos Peña Coss, intento de asesinato de su exnovia Erika Peña Coss y secuestro de Catalina Bautista, la trabajadora del hogar de la colonia Cumbres. 

¿Por qué el caso de un criminal convicto será reabierto y se dictará una nueva sentencia? Porque no existe constancia de que al realizar los careos del caso estuviera presente la defensa de Santoy, por lo que se habría violado su derecho previsto en el artículo 20 Constitucional a un debido proceso. 

Eso quiere decir que después de casi 14 años del crimen y nueve de la sentencia alguien se percató de un error en los interrogatorios cara a cara por lo que se tendrán que realizar nuevamente. Esto podría afectar la sentencia que ya de por si se había reducido a 71 años por buena conducta. Siete careos están programados para el próximo 28 de febrero a partir de las 09:00 horas. 

La Fiscalía de la Ciudad de México está trabajando en el caso de la niña Fátima que fue reportada como desaparecida el 11 de febrero y encontrada cuatro días después dentro de un costal. Es bien valorado lo que las autoridades están logrando sin embargo sus métodos pueden ser ampliamente cuestionados. 

¿Qué las autoridades se negaron a recibir la denuncia de desaparición? ¿Qué los videos donde se muestra el rostro de quien sustrajo a la niña de la escuela fueron revelados posterior a su muerte? ¿Qué el neoliberalismo es culpable de los feminicidios? No hay manera de borrar estas dudas, ni de cambiar lo que ya se hizo, pero sabemos que si es posible condenar a los responsables de esta muerte. 

Esta vez no se debe tomar a la ligera el asesinato de una menor. ¿Tenemos que recordar el caso Paulette? La niña de 4 años que fue reportada como desaparecida y nueve días después encontrada muerta a los pies de su cama. Sus padres y niñeras fueron detenidos como principales sospechosos, se buscó por toda la casa, más de 200 personas entraron al cuarto de la pequeña, reporteros y policías incluidos, hubo una confesión… 

Y, ¿cuál fue la resolución de este posible crimen? Cuando encontraron a la pequeña envuelta en sábanas manchadas de sangre con un pijama que se puede ver doblada en la esquina de la cama durante una entrevista se decretó que su muerte se debió a una asfixia accidental que ocurrió porque la niña cayó por un espacio entre el colchón y la estructura y no pudo pedir ayuda pues sufría de discapacidad motriz y de lenguaje.

Yo quisiera hablar del sistema de justicia y sentirme segura, sentir que nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos están seguros, pero esto no está sucediendo. Señor presidente, todos los mexicanos le pedimos que invierta en seguridad, que haga controles de confianza y que se modifiquen los sistemas de denuncia. Eso como mínimo… 

Quiero tener la confianza de salir a la calle y saber que voy a regresar. Quiero sentir que mis futuros hijos van a estar seguros y que nunca voy a temer al verlos alejarse de mi puerta. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad del Estado. ¿Acaso exigirla es demasiado?