“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, enfrentan una grave crisis“. Esta afirmación, sin duda no pone de manifiesto ninguna extrañeza, sin embargo, fue la principal conclusión del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia del pasado mes de octubre.
El Informe, que fue conducido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) hace afirmaciones contundentes y alarmantes. De éstas, una que destaca en particular determina que “la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.” En este caso, es innegable que la aseveración no depende del cristal con que se mira.
Si nos vamos por partes, la corrupción y la ausencia de imparcialidad son el pan de cada día en la clase política de nuestro país, en las instituciones y dependencias de gobierno, y ciertamente, en la procuración de justicia. Las violaciones de derechos humanos suceden a una velocidad tan alarmante que ya ni alarman, se han convertido en lo cotidiano, en lo mundano. Pero las cifras ahí están, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y abuso en el uso de la fuerza. Y la lista sigue, especialmente si hablamos de impunidad. Impunidad en casos tan infames como el de San Salvador Atenco, o el Socavón del Paso Express. Tragedias de tan distinta naturaleza, que lo único que tienen en común es que sus perpetradores siguen sin recibir sanción alguna. Ya lo dijera Proceso en su momento, pareciera que “la impunidad es el emblema del sexenio”.
Y ya por último, retomando los factores determinantes de la desconfianza ciudadana que menciona el Informe, “las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías”. Aquí, Ministerios Públicos que se llegan a tomar hasta más de 90 minutos en tomar una denuncia, Agentes que distan del profesionalismo que su labor requiere, y ministeriales que no son capaces de conducir una investigación eficiente.
La desconfianza de los ciudadanos está por demás justificada, y es imprescindible tomar medidas urgentes para resolver todos y cada uno de los factores mencionados. Sin duda alguna, el tema de seguridad y procuración de justicia, debiera ser una prioridad para la agenda del 2018.