Dimes y Diretes: “Alcaldes contra economía familiar”

Es otra vez esa parte del año, en donde todo comienza a aumentar y se viene la cuesta de enero. Como lo había venido adelantando desde hace varias semanas, con los recortes del gobierno federal en el Presupuesto en cara al 2017, los únicos que van a sufrir van a ser los ciudadanos y no, como se cree erróneamente, las dependencias de gobierno.

Esto se reafirma con los anuncios de un aumento en el predial, la semana pasada, por parte de Mauricio Fernández y Adrián de la Garza, alcaldes de San Pedro Garza García y Monterrey respectivamente.

Y es que el año pasado, si mal no me equivoco, estábamos hablando de este mismo tema, en esta misma columna. Los alcaldes de todo Monterrey y su área metropolitana, propusieron aumentar los prediales, pues según ellos era más que necesario y más que un aumento, era una actualización de los prediales que tenían años de no subirse. En esa entonces la mayoría de los alcaldes prometieron ya no subirlos durante sus gestiones, pues la “actualización” ya había quedado.




Por lo tanto nos estamos llevando una sorpresa, una sorpresa poco grata para nosotros los ciudadanos. Las cosas para el 2017 no pintan de lo mejor para la economía mexicana y claro los municipios lo van a sentir, pero creo yo que no deben de desquitarse con los ciudadanos si es que no pueden lograr concretar obras públicas que prometieron.

Definitivamente los municipios tienen que ponerse creativos, no solo ver cómo van a seguir sacando recursos a expensas de los ciudadanos, que es básicamente lo que esta sucediendo en este momento.




Tienen que buscar alternativas para poder financiar deuda e incluso incurrir a las Asociaciones Público Privadas (APPs) para concretar proyectos sociales y de obra pública. Algo es cierto a esta camada de alcaldes se les cierra el cerebro y lo único que piensan es como sacarle más dinero al pueblo (cobrar luminaria pública).

Ahí Se Leen.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La importancia de la transparencia en la APPs

En las últimas semanas he hecho énfasis en la importancia de considerar mecanismos de vinculación público privada para realizar proyectos que coadyuven a detonar el desarrollo económico de nuestro país. Las APPs representan una buena opción cuando el gobierno tiene pocos recursos para satisfacer todas las necesidades de su población, pero también cuando se pretende incrementar la eficiencia en el desarrollo de proyectos. No es una obligación del Gobierno fungir como el ejecutor directo de las obras públicas, para ello puede realizar convenios con el sector privado.

No es una obligación del Gobierno fungir como el ejecutor directo de las obras públicas, para ello puede realizar convenios con el sector privado.

Pensando en cómo llevar a cabo proyectos exitosos a través de esquemas de vinculación público privada, es importante considerar los 4 puntos que compartí hace dos semanas: compartir el propósito y alcance del proyecto a desarrollar; aceptar un esquema de riesgos optimizados; generar mayor confianza a través de mayor transparencia; y, generar solidez en los términos contractuales de cada estructura.

De los puntos descritos anteriormente, el tema de la transparencia es quizá el más importante para la sociedad y la iniciativa privada. La apertura de la información previa al desarrollo de los proyectos genera mayor confianza tanto al sector privado como a la población en general. Cuando el gobierno provee la información que necesitan conocer las empresas en torno a los proyectos, es más fácil encontrar a los socios idóneos. La transparencia coadyuva a encontrar a las empresas más eficientes para cada proyecto en particular.

La apertura de la información también genera confianza de la población en torno a la utilización de las APPs. La información de en qué se usan los recursos públicos, los beneficios que se obtienen y los compromisos que adquiere el gobierno es información valorada por la población, la cual genera la tranquilidad de que los recursos están siendo utilizados de forma eficiente. Es importante que el gobierno, el sector privado y la población en general tengan la seguridad de que los proyectos se realizan con total transparencia, para que el desarrollo de estos transcurra sin contratiempos.

La apertura de la información previa al desarrollo de los proyectos genera mayor confianza tanto al sector privado como a la población en general. Cuando el gobierno provee la información que necesitan conocer las empresas en torno a los proyectos, es más fácil encontrar a los socios idóneos.

Los países más desarrollados utilizan las APPs como una de sus principales palancas para propiciar el desarrollo económico de sus ciudades; el gobierno ofrece obra pública y servicios de calidad a menor costo, las empresas generan un mayor nivel de empleo, y la sociedad puede disfrutar de los beneficios. Las ventajas de las APPs ya han sido demostradas por muchas naciones, nuestro país debe de pensar en cómo utilizar la experiencia que se ha ganado a nivel internacional para mejorar la forma en que realizamos la vinculación entre el sector público y el privado.

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Mitos y realidades de las APPs

Por mucho tiempo el tema de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ha generado opiniones contradictorias, por un lado están quienes ven en estos esquemas una oportunidad importante para impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades. Pero el desconocimiento del tema y los mitos que existen detrás de las APPs ha llevado a muchas personas a desconfiar de la eficiencia de desarrollar proyectos a través de estas estructuras.

Uno de los mitos en torno a las APPs es que pensamos que es un tema que exclusivamente concierne al sector público, cuando la realidad es que para la utilización de esta alternativa de financiamiento se requiere de la participación del sector privado.

Existen casos en los que el sector privado es quien detecta una oportunidad de negocios que converge con la necesidad del gobierno para satisfacer un requerimiento de la población y es precisamente el sector privado quien realiza el primer acercamiento para llevar a cabo esta vinculación. En este sentido, existen muchas organizaciones civiles y mercantiles quienes han expresado su interés de que el gobierno utilice las APPs para el desarrollo de proyectos para los cuales no se cuenta con el recurso público suficiente para utilizar otros métodos más convencionales.

Uno de los mitos en torno a las APPs es que pensamos que es un tema que exclusivamente concierne al sector público, cuando la realidad es que para la utilización de esta alternativa de financiamiento se requiere de la participación del sector privado.

Un mito de la APPs es que el privado se beneficia a costa del gasto realizado por el gobierno. La realidad es que en los esquemas de las APPs ambas partes obtienen beneficios. Estas estructuras bien realizadas les permiten a los gobiernos impulsar proyectos que generen beneficios sociales y económicos importantes, en muchos de los casos los proyectos son autosustentables o bien, pueden ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por su parte, el sector privado puede obtener una rentabilidad importante, acorde al riesgo que está asumiendo.

Las APPs les permiten a los gobiernos impulsar proyectos bajo un esquema de menor riesgo, en comparación con los métodos tradicionales. Otra realidad de las APPs es que los riesgos de un proyecto no son contraídos por un mismo ente, la probabilidad de fallos y sobrecostos disminuye considerablemente cuando el privado se responsabiliza por la parte del proyecto en la que tiene experiencia, mientras el gobierno utiliza las atribuciones que la ley le concede para facilitar el desarrollo del proyecto. Con lo anterior no sólo se logra diversificar el riesgo del proyecto, sino disminuirlo.

Estas estructuras bien realizadas les permiten a los gobiernos impulsar proyectos que generen beneficios sociales y económicos importantes, en muchos de los casos los proyectos son autosustentables o bien, pueden ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos.

Uno de los problemas que han tenido las APPs en el pasado es la poca apertura de información, pero esto no es una condición exclusiva de este tipo de esquemas, la falta de transparencia se puede dar tanto en proyectos de vinculación público privada como en cualquier otro tipo de estructuras. Es esencial que los entes públicos tengan más apertura de información para que puedan brindar mayor confianza en los proyectos y hacer saber a la población que las estructuras se desarrollan bajo las mejores condiciones.

Es importante que conozcamos las ventajas que ha tenido para países desarrollados la utilización de APPs y detectar las áreas de oportunidad que aún existen en México para mejorar la forma en que establecemos este tipo de vínculos. Los recursos económicos del sector público son escasos, necesitamos explorar métodos alternos de financiamiento si queremos seguir desarrollando proyectos que generen beneficios económicos y sociales para nuestra población.

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Ley de Disciplina Financiera : ¿Control o Freno?

Recientemente se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene como objetivo que las administraciones públicas subnacionales tengan un mejor manejo de sus finanzas a través de mayores controles en el gasto. Esta nueva ley no solo contempla mayores candados al endeudamiento bancario de los estados y municipios, también impacta a otras fuentes de financiamiento público como son la revolvencia del pago a proveedores y las Asociaciones Público Privadas (APPs).

Con la Ley de Disciplina Financiera se busca dar mayor transparencia a la administración pública y que exista una regulación más estricta y homogénea para la celebración de contratos que comprometan ingresos de los estados y municipios, lo anterior ayudará al saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo en el corto plazo puede dificultar el desarrollo de proyectos. Como toda nueva ley, la curva de aprendizaje para muchos de los estados y municipios puede significar que las administraciones públicas retrasen el desarrollo de proyectos de inversión hasta conocer con exactitud las implicaciones de la nueva legislación.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores.

En consideración al panorama económico actual y la proyección a la baja del crecimiento del PIB para este año, las nuevas leyes y reglamentos deberían de estar enfocadas a flexibilizar el desarrollo de proyectos. Lo anterior no se contrapone a que existan mayores controles a las finanzas públicas y una mayor transparencia. Nuestro país necesita leyes que propicien el desarrollo económico y la estabilidad de las finanzas públicas.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades.

Las APPs son una de las mejores herramientas que tienen los gobiernos para impulsar proyectos de inversión con menores riesgos y por lo tanto que los costos estimados para los estados y municipios sean menores. En la mayoría de los casos el pago de la inversión no tiene que realizarse en el momento de inicio del proyecto, sino que se extiende por la vida de este, permitiendo que los gobiernos desarrollen proyectos que sean autosustentables o bien, que puedan ser pagados con el crecimiento de los ingresos públicos. Por lo anterior, las APPs son una buena alternativa para impulsar el desarrollo económico.

El espíritu de la Ley de Disciplina Financiera es bueno al establecer controles que procuren las mejores prácticas en finanzas públicas, sin embargo el proceso de aprendizaje para los estados y municipios puede traducirse en una contención del gasto de inversión no óptimo para el desarrollo de las entidades. Establecer mayores controles a la administración pública no significa dificultar la realización de proyectos de inversión, debemos de tener cuidado que con las nuevas leyes y reglamentos no detengamos el crecimiento económico de nuestro país.

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Privatización de las prisiones en Nuevo León. ¿La solución a los problemas en el Sistema Penitenciario en el Estado?

“Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos”.
– Michel Foucault

Anteayer el gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco”, realizó un anuncio donde señalaba que entre sus planes a un futuro próximo se encuentra el privatizar los centros penitenciarios en la entidad.

Anteayer el gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco”, realizó un anuncio donde señalaba que entre sus planes a un futuro próximo se encuentra el privatizar los centros penitenciarios en la entidad. Si bien este concepto no es nuevo, dista mucho de no ser controversial.

Y es que el interés por los centros penitenciarios ha sido una constante, ya que nace de la problemática que se tiene actualmente: la sobrepoblación penitenciaria, no sólo del Estado sino del país, lo cual, lejos de favorecer la reinserción social, espíritu de la pena privativa de libertad, hace que estos sean más instrumento de contención de la criminalidad que un instrumento de reinserción social.

Pero más allá del interés de la privatización del sistema penitenciario, la cual se hace desde hace tiempo mediante Asociaciones Público-Privada (APP’s) en diversos centros penitenciarios del país, lo que este señalamiento ha demostrado es que se tiene previsto continuar con el uso excesivo de la pena privativa de libertad, la cual se ha utilizado de manera desmedida, pasando de ser el último ratio dentro del sistema penal a ser la prima ratio.

Sin embargo, esto es debido en gran medida ante la presión social donde cada vez se exigen mayores penas para los delitos, independientemente de la gravedad del mismo, así como al poco interés de los centros penitenciarios, vistos como el patito feo del sistema penal. Se han privilegiado las penas draconianas por sobre las alternativas a la prisión.

Con el señalamiento del mandatario estatal, nos encontramos frente a un principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social. Es decir, el confinar a los individuos problemáticos, esperando con esto mejorar los índices de seguridad y costear el gasto de manutención por medio de la Iniciativa Privada, previendo un aligeramiento en gasto del Estado.

Entonces surge la duda: ¿la privatización de los centros penitenciarios, busca ser un mejor instrumento para la reinserción del individuo o sólo un medio para aligerar la carga fiscal de la entidad?

En la actualidad, los centros penitenciarios no logran en objetivo de reinsertar a los internos, sino que fungen, como ya se mencionó, como instituciones de contención, por lo que muchos de los internos tienden a ser reincidentes una vez que han purgado su condena.

No hay una correcta política de reinserción.

Según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, en 2014 en Nuevo León, de los 5 mil 128 ingresos registrados a los centros Penitenciarios Estatales, 4 mil 905 corresponden a primodelincuentes, mientras que solo 58 sentenciados han sido reincidentes. No hay una correcta política de reinserción.

Aunado a esto, se tienen a los individuos que no cuentan con condena y se encuentran privados de su libertad en centros penitenciarios como parte de una medida cautelar. Se vuelve a hacer un sobreuso de la pena privativa de libertad. Esto genera, además del hacinamiento, un costo excesivo al erario, pudiéndose reducir con el uso de medidas cautelares apropiadas así como la conmutación de la pena de prisión en delitos no graves.

La participación de la Iniciativa Privada (IP), privatización, dentro de los centros penitenciarios debe enfocar sus esfuerzos no tanto en la contención, mantenimiento y vigilancia de la institución y sus internos, sino en el fortalecimiento de los mecanismos de reinserción social, así como en mecanismos para un correcto tratamiento criminológico del interno y en mejorar la calidad de estos al interior de los centros carcelarios, evitando con esto la reincidencia, ergo, la sobrepoblación penitenciaria.

Sin embargo, se debe de tener sumo cuidado en caso de la participación de la IP en los centros penitenciarios, ya que en lo que respecta en temas como la capacitación para el trabajo —como terapia laboral como parte de los ejes fundamentales para la reinserción del individuo—, este puede ser tergiversado y convertido en una especie de trabajo forzado, ya que no es remunerado, a raíz de las ambiciones económicas y capitalistas de las empresas involucradas.

El ánimo de lucro de una empresa privada constituye un elemento distorsionador de cualquier fin resocializador, por cuanto la empresa en una sociedad de mercado atenderá a sus intereses económicos, relegando en un segundo plano el fin a que se destina la privación de la libertad.

No sólo basta con reducir la población penitenciaria en el Estado para resolver el problema de hacinamiento, si no que se debe de hacer de manera correcta, ya que de enfocarse de manera incorrecta, no se estaría solucionando el problema. Se debe de atacar el problema de fondo, buscando la génesis delictiva y no de forma, mediante la construcción y privatización de más centros penitenciarios.

¿Qué es lo que se debe de hacer para que el Sistema Penitenciario sea liberado de la sobrepoblación penitenciaria que tanto le aqueja? Se deben buscar penas alternativas al uso de la prisión, métodos alternos de solución de conflictos, así como la correcta implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) como invertir en correctas políticas criminológicas que lleven a cabo el fin único de la pena de prisión: la reinserción social.

La inversión en el factor humano dentro del Sistema Penitenciario será clave para la correcta reinserción del individuo que ha delinquido. Una constante capacitación por parte de los funcionarios dentro de las prisiones es fundamental, no sólo se debe de invertir en infraestructura, que si bien es tema importante, no es el único, ya que esta idea de invertir en más y mayores centros penitenciarios trae implícita la idea de un mayor uso de la pena de prisión.

Señor gobernador, más allá de buscar como pasar la carga que implican los centros penitenciarios a otras manos, hay que invertir en correctas políticas públicas, criminológicas y penitenciarias, para reinsertar efectivamente al individuo.

Señor gobernador, más allá de buscar como pasar la carga que implican los centros penitenciarios a otras manos, hay que invertir en correctas políticas públicas, criminológicas y penitenciarias, para reinsertar efectivamente al individuo, trayendo esto consigo la reducción de la reincidencia, y con esto, la reducción del hacinamiento.

Como se mencionó antes, hay que buscar soluciones de fondo, no de forma.

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