México ofrece disculpas a joven discapacitado encarcelado injustamente

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Este lunes el Estado mexicano ofreció una disculpa pública al joven Arturo Medina Vela, quien padece una discapacidad y fue víctima del atropello de las instituciones de justicia al pasar cuatro años en prisión por un delito que no cometió.

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, fue quien destacó que este es el primer acto de reconocimiento de responsabilidad internacional para personas con discapacidad.

En presencia del joven agraviado, su familia y representantes legales, Encinas explicó que es un hecho de gran relevancia para México pues es el resultado del primer dictamen del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad.

“A nombre del Gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna, por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México”, expresó Encinas.

Cabe recordar que en septiembre de 2011, Arturo Medina fue detenido y acusado por robo de vehículo en la Ciudad de México. A pesar de que el joven no sabía manejar, un juez determinó su supuesta culpabilidad y lo sentenció a cuatro años de prisión  en un Centro de Rehabilitación Psicosocial, muy cerca del Reclusorio Sur. 

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Reconoce Estado mexicano su responsabilidad por caso Acteal.

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El gobierno de México, ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, Chiapas; tras el asesinato de 45 personas tzotziles, desplazados por conflictos territoriales.

“A nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997; estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, familiares, la comunidad y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio“, señaló, Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. 

Alejandro Encinas, aceptó la responsabilidad del Estado, por la violación de derechos humanos fundamentales; así como por el homicidio doloso e indolente.

El funcionario señaló que los actos fueron realizados por un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad, un Estado que pretendió ocultar la tragedia, alterando la escena del crimen, para criminalizar a las víctimas. 

Por tal motivo, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de solución amistosa para llegar a la paz y reconstrucción del tejido social en la comunidad Tzotzil; así como la reparación del daño para evitar nuevas situaciones similares.

El acuerdo contiene 25 acciones como el derecho a la vida, el interés superior de la niñez, becas para los menores de la comunidad, apoyo a vivienda, mantenimiento a carreteras de la localidad, mejoramiento de la infraestructura médica y compensación económica.

Este acuerdo de solución amistosa incluye a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes, respetando y dejando a salvo los derechos de otro grupo de víctimas que han asumido otras vías diferentes a este acuerdo. 

“Quiero reiterar que el gobierno ha manifestado su profundo respeto, para aquellas víctimas que han decidido esperar que se dicte el informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito es sumar a la unidad y al reencuentro de la comunidad de Acteal para reprender el canino de la paz y el progreso”, destacó.

La comunidad de Acteal aceptó la disculpa y espera que se cumplan sus demandas; pues a pesar de la firma, piden que se juzgue al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por crímenes de lesa humanidad al ser omiso ante los hechos hace 22 años.

 

(Con Información de El Norte) 

Segob liga abuso policiaco en Jalisco a restricciones

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Se condenó los casos de presunto abuso policial cometidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y Tijuana, Baja California por La Secretaría de Gobernación (Segob).

En Jalisco se acusó que las medidas restrictivas instrumentadas por el Gobernador Enrique Alfaro “llevaron a la comisión de abusos” por parte de la Policía.

A través un comunicado, afirmó que la emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe ser excusa para la intolerancia, la discriminación, ni el uso excesivo de la fuerza.

Advirtió que, en ambos casos, las personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales y claras violaciones a los derechos humanos.

Aunque no tiene facultades para investigar, la Segob reveló que solicitó información de las respectivas carpetas de investigación.

En Jalisco, un joven identificado como Giovanni López fue detenido por policías y golpeado, supuestamente por no portar cubrebocas.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos se llevaron detenido y al día siguiente fue reportado como fallecido.

También en redes sociales circuló un video en el que se observa que una persona en situación de calle es detenida en Tijuana, Baja California, por agentes municipales.

La víctima, quien aparente lanzaba piedras antes de ser detenida, falleció como consecuencia de que un policía le puso el pie sobre la cabeza cuando se encontraba tendido en el piso.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que, ante el establecimiento de medidas sanitarias a causa del coronavirus, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública.

Las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, abundó, tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.

Además, conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia.

 

 

 

(Con información de El Norte)

Renuncia titular del Instituto Nacional de Migración

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El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, renunció a su cargo.

El INM informó de la renuncia a través de una carta en si cuenta de Twitter, eso si, sin dar razones de la renuncia.

“El Instituto Nacional de Migración informa que el día de hoy el Comisionado del Instituto, D. Tonatiuh Guillén López, presentó su renuncia al cargo, en respetuosos oficio dirigido al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, agradeciendo la distinción y oportunidad de servir al país”, se lee en la misiva.

“De igual manera, agradeció el apoyo y generosidad de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación, y del Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración”, concluye la carta.

La renuncia del ahora ex funcionario federal en el marco de la implementación de un plan migratorio con el que se busca disminuir el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos.

CNDH alerta por posible desaparición de CONADIS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta que la eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad.

El organismo nacional refiere que esto les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.

En Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Comisión Nacional hizo siete consideraciones en relación a los recientes anuncios de la posible desaparición del CONADIS.
Una es la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención. Considera que lejos de suprimirlo, el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad.
La CNDH enfatiza que la Convención establece en su Artículo 4° los compromisos que deberán asumir los Estados Nacionales a fin de garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna.

Entre otros, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos; tener en cuenta, en las políticas y los programas, la protección y promoción de sus derechos humanos, y abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.