El Observatorio Ciudadano dio a conocer la evaluación a los organismos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), entre los que destacó la falta de resultados, opacidad y desinterés.

En una rueda de prensa virtual, los integrantes del Observatorio presentaron el Segundo Informe de Avances del SEA enfocado principalmente en el desempeño del Comité de Participación Ciudadana, el Congreso local y la Contraloría del Estado.

Carmelo Cattafi, integrante del Observatorio y catedrático del Tecnológico de Monterrey, detalló que en el caso de la Contraloría, en los últimos seis años recibieron un total de 3 mil 135 denuncias de octubre de 2015 a septiembre de 2021, sin embargo, sólo se tradujeron en 393 sanciones, entre las cuales fueron destituciones, aunque no se conoce el detalle de estas resoluciones, ya que no son públicas.

“Pese a que entre sus responsabilidad principales está la transparencia del Gobierno del Estado, en el historial de la Contraloría no aparecen publicadas resoluciones ni laudos emitidos”, expresó Cattafi.

Además indicó que actualmente hay un rezago de más de 2 mil expediente en fase de investigación y de 4 mil asuntos en proceso sancionador.

Por otro lado, señalaron que el Congreso del Estado en la Legislatura 75, de 2018 a 2021, evidenció un desinterés para atender temas relacionados con el SEA, ya que en 36 meses la Comisión Anticorrupción sesionó en 15 ocasiones, un promedio de una sesión cada 4 meses.

De las 15 sanciones sólo 9 fueron con temas que impactan al Sistema Estatal Anticorrupción.

“En total quedaron 42 asuntos a resolver en la Comisión Anticorrupción de la Legislatura pasada”, se dio a conocer.

Añadió, que el desinterés afectó directamente en la integración de los comités y organismos ciudadanos que se requieren para que funcione adecuadamente el SEA.

“Fue tal el desinterés de los diputados que para el 2021 la representación ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción quedó prácticamente desmantelada”.

En el caso del Comité de Participación Ciudadana (CPC) sólo estuvo completo cuando se creó en 2018, pues actualmente nada más queda uno de los cinco integrantes y es inoperante.

“Durante estos 3 años de operación del Comité de Participación Ciudadana, el organismo cumplió con 15 de 21 de sus atribuciones legales, es decir, un 71.5 por ciento de sus responsabilidades, la mayoría de corte administrativo. Mientras que de combate a la corrupción, su principal eje de trabajo, continúa quedando como materia pendiente”.