El magistrado Reyes Rodríguez renunció este lunes a la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el fin de facilitar un acuerdo de transición, cabe recordar que Rodríguez había sido elegido en el cargo por 5 magistrados apenas el miércoles pasado.
En una carta pública el magistrado informó que renunciaba al cargo para recomponer el procedimiento de renovación de la presidencia del TEPJF.
“Voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante. Declinaré presidir este Tribunal Constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida”, se lee en la misiva.
Por otro lado, propuso conformar una comisión que revise las anomalías en el Tribunal Electoral y reparare su institucionalidad.
Por su parte, el magistrado José Luis Vargas, renunció a sus pretensiones de permanecer en la Presidencia del Tribunal Electoral luego de reunirse por la mañana con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
De acuerdo a Vargas, la decisión permitirá rehacer un procedimiento para elegir a sus sustituto y transitar “a una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción”.
Cerca de la medianoche, el pleno del tribunal designó como presidente interino por un mes, hasta el 1 de septiembre, al magistrado Felipe Fuentes luego de que no hubiera acuerdo de nombrar a Janine Otálora.
Cabe mencionar que la magistrada estaba perfilada para encabezar el proceso de transición pero las diferencias prevalecientes impidieron su elección.
El llamado grupo de los cinco apeló a que ella asumirá el periodo de transición, de acuerdo con el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las ausencias de presidente del órgano serán suplidas, si no exceden de un mes, por el integrante de la TEPJF con mayor antigüedad o, en su caso, mayor edad.
Sin embargo, el magistrado Vargas no estuvo de acuerdo, ante las diferencias que existen con la magistrada, por lo que los impulsores terminaron por ceder.
Por último, los magistrados estuvieron de acuerdo en crear una comisión de reconstrucción institucional, que permita sanar diferencias y establecer reglas claras cuando se presenten este tipo de situaciones.