El Gobierno de Estados Unidos continuará financiando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros que denuncien y combatan la corrupción a nivel mundial, pues es uno de los objetivos principales de la administración de Joe Biden. 

En un memorando presidencial sobre el Establecimiento de la Lucha contra la Corrupción como un Interés Fundamental para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos dado a conocer este jueves, Biden ordena a su administración modernizar, aumentar, coordinar, proporcionar recursos y mejorar la capacidad de los departamentos ejecutivos clave y agencias (como el USAID). 

“Apoyar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias de la corrupción”, refiere el texto difundido por diversos medios este jueves. 

También ordena trabajar para proporcionar a estos actores un entorno operativo seguro y abierto a nivel nacional e internacional.

El Gobierno americano advierte que la corrupción es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos mundiales de lucha contra la pobreza y el desarrollo, y la democracia misma, y se compromete a predicar con el ejemplo. 

“Estados Unidos predicará con el ejemplo y en asociación con la sociedad civil y el sector privado combatirá el flagelo de la corrupción. Pero esta es una misión para el mundo entero. Y todos debemos apoyar a los ciudadanos valientes de todo el mundo que exigen una gobernanza honesta y transparente”, sostiene.

Las medidas de Biden llegan luego de que el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, emitiera una nota diplomática hacia EU para quejarse por el financiamiento a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a la que señala de estar abiertamente en contra de su Gobierno.

Incluso, acusa a los norteamericanos de intervenir en los asuntos del país, lo cual está prohibido en la Constitución. 

Sin embargo, el memorando no hace mención directa a este caso, ni se tiene conocimiento de que ya haya una respuesta a la nota diplomática enviada recientemente.