Primero fue el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en voz de su dirigente Alejandro Moreno, quien propuso un acuerdo para que el Estado sufrague la defensa de ex funcionarios y funcionarios de seguridad nacional que sirviendo a la patria (y sin condenas en México) enfrenten juicios en el extranjero.

Luego, vino la propuesta formal ante la Cámara de Diputados, hecha por el legislador del tricolor, Pablo Guillermo Angulo Briceño, quien exhortó al gobierno federal a intervenir en la protección institucional particularmente de Salvador Cienfuegos Zepeda, quien, señaló, sirvió incondicionalmente por más de 54 años ininterrumpidos a la nación.

A nombre del PRI, Angulo Briceño pidió que del erario se paguen los gastos de su defensa, y que ese dinero se devuelva a la Tesorería, en caso de un escenario que no sostenga la inocencia del ex secretario de la Defensa Nacional.

El Revolucionario Institucional destacó que las fuerzas armadas “cuentan con el mayor prestigio y confianza entre los mexicanos, por lo que el Estado no puede ser insensible y debe apoyar a sus funcionarios y ex funcionarios en los procesos judiciales que pudieran enfrentar en el exterior, hasta que haya una resolución judicial en firme en territorio nacional”.

Por esa razón, planteó que en el caso de Cienfuegos “se sufraguen los gastos legales de su proceso jurisdiccional en Estados Unidos, en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana, recursos que deberán ser reembolsados a la Hacienda Pública Nacional, en caso de un escenario que no sostenga su inocencia”.

El General Salvador Cienfuegos fue detenido por autoridades estadounidenses el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.