El Gobierno federal investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) el destino de más de 40 mil millones de pesos que se erogaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los años 2013 y 2018 en materia de “seguridad nacional” bajo un estricto control de “confidencialidad”.
Los recursos fueron utilizados por dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República para “misiones y objetivos confidenciales” que, entre otras cosas, implicaban supuestas tareas de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas principalmente a combatir a los cárteles de la droga.
En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan cómo se empleó ese dinero, denominado como partida presupuestal 33701, “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad.
Los gastos para esa partido se dispararon durante la Administración del mexiquense.
Si bien, la partida fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón (cuya Administración llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma), fue en el de Peña que alcanzó su máximo uso.
En particular, destaca el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo.
En el caso de Bucareli, por ejemplo, pasaron de 810 millones oficialmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 40 mil millones de pesos.
Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Organo Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.
Los recursos para estas adquisiciones fueron autorizados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, todas dependientes entonces de Gobernación.
En 2017, en la única revisión que hizo sobre los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto en el sexenio pasado, la auditoría descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular (argumentando urgencia y secreto),cuando podrían haberse licitado. Se promovieron responsabilidades administrativas.
Por normativa, solo se pueden ejercer gastos dentro de esta partida con autorización del oficial mayor de una dependencia.
Se presume que todos recibieron aprobación y que todos los años los órganos fiscalizadores correspondientes los auditaron.
O al menos eso fue con lo que se justificó el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong, Jorge Márquez Montes, quien aseguró que la partida reservada de seguridad fue auditada todos los años por los órganos fiscalizadores correspondientes.
En ese contexto, cabe mencionar que Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador de la bancada de los senadores del PRI, presentó un amparo contra la indagación que realiza la SFP en contra de su familia, para evitar que se investiguen sus bienes, propiedades, dinero, o que se inicie un procedimiento legal en su contra.
(Fuente: El Mañanero Diario)