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De acuerdo al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, 7 de cada 10 mexicanos que han muerto por la pandemia tenían una escolaridad de primaria o inferior (primaria incompleta, preescolar o sin estudios).
El estudio precisa que si bien los resultados son de carácter preliminar dado que el fenómeno no ha concluido, apuntan ya una tendencia en términos del perfil demográfico y social de los mexicanos que han fallecido y fallecerán a causa del coronavirus.
El 46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal. Más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta, es decir, esas personas no tenían acceso a seguridad social.
Los mayores porcentajes de muertes se dieron entre choferes, ayudantes, peones, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación y mantenimiento.
La investigación toma como base las estadísticas de la Secretaría de Salud y los certificados de defunción expedidos hasta el pasado 27 de mayo, donde también se desprende que el 70% de los muertos por Covid-19 son hombres y por esta enfermedad fallecieron 2.1 hombres por cada mujer.
En un país donde la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, donde solamente el 8% tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores y donde a causa de la pandemia más de 12 millones de personas han perdido su empleo o pausado su actividad económica, es lógico que la pandemia se ensañe con quienes tienen mayores carencias y vulnerabilidades.
Dado el impacto económico por la pérdida de empleos y, en el caso más extremo, de la vida de personas en condición vulnerable, la pandemia podría significar un golpe generacional a una movilidad social que de por sí ya es baja para los deciles de menores ingresos.
Hace apenas unas semanas en Reporte-19 analizamos otro estudio de la UNAM que alertaba sobre el riesgo de que el Covid golpeara a las zonas marginadas de México, caracterizadas por tener una importante población indígena, proporción alta de mayores de 60 años y poco acceso a los servicios de salud y mayor nivel de hacinamiento.
El golpe económico y a la salud de las poblaciones más vulnerables requerirá políticas y recursos extraordinarios de contención. Lo lógico sería que estas políticas sean instrumentadas por el gobierno federal y consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, pero dada la renuencia del gobierno de AMLO de establecer políticas especiales de emergencia, es posible que estas tengan que darse a nivel local, con las particularidades y recursos de cada región.