La lección de Chumel

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A raíz de que Conapred invitó a Chumel Torres para participar en un foro sobre discriminación, las opiniones en redes sociales han girado en torno a varias preguntas: ¿Fue un error haber invitado a Chumel Torres a un foro validado por un organismo del Estado?¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en México ? ¿Debemos discutir con quienes discriminan o no dar foro para que se reproduzca el discurso de odio que predican? ¿Funciona Conapred o no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación y las instituciones en nuestro país? 

Conapred ha funcionado en ciertas labores de investigación, en recopilaciones de diagnósticos, en sanciones y defensa de ciertos casos. Sus agendas han servido para visibilizar a la población afromexicana, la agenda LGBT -recordemos cuando se dio Seguro Social a parejas homosexuales a pesar de las resistencias durante el gobierno de Calderón- o el acompañamiento a demandas como el que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Seguro Social: hoy el gobierno de la transformación ha echado a andar, por mandato de la Corte, el programa piloto para impulsar sus afiliaciones al IMSS.

Sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre el éxito y el alcance de las campañas de reeducación y sensibilización en manos de Conapred, así como de su estrategia comunicativa para multiplicar los públicos y los perfiles a los que interpela con su agenda y su poca efectividad de darse a conocer con el fin de que más grupos vulnerados puedan ser acompañados por la institución estatal a lo largo de sus luchas democráticas.

Más allá de esto, lo sucedió a raíz del foro puso sobre la mesa un debate que se ha venido perfilando desde el inicio del sexenio: la idea de democracia con la que hemos sido criados durante años en México. Desde finales del siglo pasado a los mexicanos nos fue impuesto un mito que hemos mamado sin rechistar: el mito de que con el simple hecho de tener instituciones ipso facto nuestro país se convertiría en una nación democrática. Se beatificó tanto la figura de los organismos autónomos y descentralizados, que el revisarlos o cuestionarlos en la eficacia de sus objetivos hoy es visto por muchos como una afrenta a la democracia; esto imposibilita repensar cómo mejorarlas o qué alternativas no institucionales existen para impulsar agendas.

Bajo una pantalla de supuesta neutralidad, en varias ocasiones estas instituciones han sido utilizadas para defender ciertos intereses políticos del partido en el poder en turno: en su momento, figuras emblemáticas de CONAPRED cerraron filas para validar el fraude electoral de 2006 y pedir que no se realizara el conteo de voto por voto democrático que habría podido resolver la incertidumbre alrededor de la elección AMLO- Calderón; en el sexenio de EPN la cabeza de CONAPRED aseguró que no descartaba el uso de la fuerza pública para reprimir la protestas de la CNTE, esto durante el conflicto desatado por la (mal)llamada reforma educativa que no tomó en cuenta al profesorado.  

Quizá lo que más preocupa al obradorismo en este momento es que haya habido una multiplicación de órganos e instituciones que durante varios sexenios sirvieron como cuotas políticas para académicos e investigadores orgánicos y hoy se defienda a capa y espada en ciertos sectores para mantener esas estructuras de privilegio a partir del amiguismo.  

Quizá lo que resulta más triste de todo el mito sobre esta democracia simulada es que ha permeado a tal punto que hemos visto estos últimos días cómo compañeras feministas históricas y compañeros luchadores desde la sociedad civil -hablo particularmente de Martha Lamas, Mauricio Merino y Jaqueline L’Hoist-, toman posturas tibias en televisión con relación al papel violento que ha jugado la comedia de personajes como Chumel Torres en la perpetuación de la discriminación en México; esto con tal de cerrar filas con CONAPRED y minimizar el error del equipo encabezado por Mónica Macisse al realizar el foro. Decidieron así cerrar filas con un organismo antes que cerrar filas en contra del racismo y clasismo que tanto ha dañado nuestro país. Esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban sus prioridades.

Hay que reconocer que Conapred ha tenido éxitos y carencias. Valdría la pena por lo tanto replantear hacia delante el mito de la democracia estática con el que hemos crecido y con la que hoy nos encontramos encerrados al final de un laberinto. Comencemos a apostar por una nueva definición donde las instituciones y organizaciones estén constantemente bajo el ojo crítico de todas las personas, sin importar su nivel de estudios o su nivel politización – lo cual es particularmente importante para instituciones que trabajan con población vulnerada y que por sus condiciones socioeconómicas posiblemente contará un un nivel bajo de estudios formales-. Sobre todo, no cerremos las puertas a formas distintas de impulsar nuestras causas y convicciones más allá de las instituciones: la lucha social ha logrado impulsar múltiples esfuerzos y poner en el debate temas fundamentales contra el racismo y el clasismo. Solo así se podrá transformar el país. 

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.