La Presidencia de la República deberá entregar a un particular el informe que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en noviembre pasado en su conferencia matutina referente a la campaña en redes sociales que utilizaron los hashtags de “prensa prostituida”, “prensa sicaria” y “prensa corrupta”.
Al exponer el caso ante el Pleno, el comisionado Joel Salas indicó que en su primera respuesta la Presidencia aseguró no ser competente para conocer del caso y remitió al solicitante a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“En respuesta, la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para atender la solicitud e indicó que, si bien el Presidente comunica temas de interés público, no está obligada a tener el soporte documental respectivo”, refirió Salas.
Sin embargo, tras analizar el caso, indicó el comisionado, la ponencia a su cargo determinó que la respuesta de la Presidencia no es procedente debido a que existen unidades administrativas de la Oficina presidencia que cuentan con atribuciones para conocer lo solicitado.
Salas recordó que fue el propio propio López Obrador el que en su conferencia del 1 de noviembre de 2019 se comprometió a presentar un informe luego que se dieran los ataques a la prensa por la cobertura que ésta hizo de la detención y liberación por parte de la Guardia Nacional de Ovidio Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa.
“Posteriormente, en la conferencia del 4 de noviembre, el titular de la Unidad de información, infraestructura informática y vinculación tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana presentó el informe en comento. De lo anterior se infiere competencia concurrente entre esta Secretaría y la Oficina de la Presidencia”, enfatizó el comisionado.
El caso, consideró Salas, es relevante debido a los ataques de los que han sido blanco los periodistas y los medios que han criticado al Presidente o las acciones que su Gobierno ha llevado a cabo.
Estos ataques, expuso, se han realizado a través de las redes sociales y el uso de bots, que es una herramienta efectiva para difundir información que puede ser falsa o manipulada deliberadamente.
“Un estudio de Signa_Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara destacó la utilización de bots que hicieron tendencia las etiquetas ‘prensa fifí’, ‘chayoteros’, ‘Reforma todo lo Deforma’ y ‘red amlove’.
“El estudio concluyó que la prensa crítica del gobierno federal actual padece repudio y campañas de odio, censura e intimidación. Las agresiones virtuales son una realidad y están bien documentadas por los medios de comunicación: si un periodista hace preguntas incómodas, su nombre se vuelve tendencia y recibe insultos”, aseveró.
INAI
INAI ordena a Pemex abrir contratos con Odebrecht
El Institución Nacional de Acceso a la Información Publica ordena a Petróleos Mexicanos entregar copias de los contratos y modificaciones, que realizo con la constructora Odebrecht de 2006 a 2016.
Joel Salas Suárez comisionado del INAI lanzo un proyecto que fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra el cual contempla que la información de los contratos entre Pemex y la constructora Odebrecht es parte del escándalo Java Lato que es considerado uno de los mayores escándalos de América Latina y el mundo, escándalo por el que funcionarios y empresarios brasileños cumplen condenas.
Esta es la segunda ocasión en que la INAI revierte la respuesta de Pemex, ya que este último argumento que en caso de apertura de alguno de estos contratos obstruiría procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados; afectaría los derechos del debido proceso; a las investigaciones de hechos; y vulneraría tratados internacionales. El INAI considera estos argumentos como fundados.
El INAI solicito a Pemex la semana pasado la entrega del contrato firmado con Odebrecht en febrero de 2014. Tras el análisis realizado el comisionado Joel Salas comento que el contrato original involucró mil 436 millones de pesos. En su primera modificación se agregaron 358 millones de pesos, un 26 por ciento del valor inicial. Y en la segunda se incrementaron 521 millones, es decir, un 38.64 por ciento del original. El contrato terminó con un monto de 2 mil 315 millones de pesos.
Joel Salas también advirtió que desde el pasado 5 de abril la cámara de Diputados pidió la cancelación de todas los contrataciones con Odebrecht.
Con información de Revista Proceso.