Hacer trampa tiene costos. Recientemente, fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

Fuimos testigos de dos elecciones en las cuales se hizo trampa para ganar y se debe pagar por ello. Me refiero a la elección de la Gubernatura en Colima y la de Ayuntamiento en Juárez, N.L.

No me refiero únicamente a los costos económicos de organizar una nueva elección en Colima y al costo político derivado del cambio en el resultado de la planilla ganadora en Juárez. Me refiero, además, a las consecuencias institucionales y sociales de que se normalicen prácticas contrarias al derecho que ponen en riesgo la libertad del sufragio. Me explico.

Para 2015, el presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Colima ascendió aproximadamente a 90 millones de pesos, lo que implicaría un costo por voto de 180 pesos, de haber votado el cien por ciento del casi medio millón de electores de ese estado. Ahora se espera por el INE que la elección extraordinaria en 2016 ascienda a 35 millones. Ya esto es un costo inadmisible para la ciudadanía, derivado de la trampa de servidores públicos del gobierno estatal a favor de una candidatura.

Pero este no es el único costo de la anulación. Uno más tiene que ver con el diseño de competencias entre el INE y el Instituto Electoral de Colima. En resumidas cuentas, el Tribunal Electoral determinó que la intervención del poder Ejecutivo en las elecciones hacía inviable la organización de éstas por parte del referido Instituto Electoral local, por lo que el INE debía hacerse cargo de la elección extraordinaria. El costo de la trampa impacta en lo poco que queda del federalismo electoral en México. Ahora tendremos un Organismo Público Local desacreditado e inoperante. Un buen pretexto para que los legisladores terminen su labor de recentralización de la organización de las elecciones.

El caso de Juárez en Nuevo León tiene un primer costo en la dimensión política. En efecto, sin la trampa acreditada en el expediente, tal vez la planilla postulada por el Partido Encuentro Social estaría ahora gobernando el municipio. Gracias a la presión en los electores que se probó en las 7 casillas de la sección 841 de dicha población, el PES y su candidato a la Alcaldía intercambiaron la mayoría por solamente dos regidurías de representación proporcional. Mal negocio para dicho partido.

Un costo adicional en el caso de Juárez es la insatisfacción social derivada de la sentencia del Tribunal Electoral. Es prácticamente imposible imaginar que los cientos de electores que votaron por el PES y sus candidatos estén contentos con el resultado de la sentencia. Ahora, con los resultados tan cercanos entre primer y segundo lugar, es decir, con la polarización que implican éstos, hace previsible que una buena parte de la sociedad juarense esté inconforme con el resultado derivado del fallo.

Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

Finalmente, tanto en el caso de Colima como en el de Juárez, creo que el mayor costo de hacer trampa es el efecto anti-pedagógico que tienen dichas conductas (intervención del Ejecutivo y presión sobre los electores) en el conjunto de la sociedad. Cuando podíamos empezar a creer en la erradicación de ciertas prácticas corruptoras, nos damos cuenta que aún pueden resultar algo “común”, “normal” de la vida política electoral en nuestro país. Podemos repetir la elección, podemos cambiar al ganador, pero eso no repara la enfermedad.

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