La Fiscalía General de la República (FGR) va en contra del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, y su equipo, por irregularidades en el caso Ayotzinapa, como lo son torta, alterar la escena del crimen, pérdidas y ocultamiento de pruebas.
La FGR solicitó la orden de aprehensión desde el pasado 10 de marzo, pero reportes señalan que Zerón se encuentra en Canada, por lo que la Interpol ya giro una ficha roja para su localización en el extranjero.
La acusación en contra del exfuncionario en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto surge de la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, misma que no fue oficializada en el expediente del caso.
De acuerdo al informe, ese día, Zerón llevó de manera ilegal, sin su abogado y sin registro oficial, a Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los presuntos implicados, a la zona en donde presuntamente fue encontrada, al menos, una bolsa con restos humanos.
“La videograbación recabada durante la diligencia además de no haber sido entregada al agente del Ministerio Público federal, fue editada y con ello se pretendió acreditar ante la opinión pública que el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participó en las diligencias”, se lee en el informe de la Visitaduría General de la FGR del 25 de junio de 2019.
Por otro lado, se señala que el exfuncionario ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona en busca de cualquier indicio.
Además, fuentes ministeriales explicaron que hay elementos suficientes para suponer que Zerón y su equipo fabricaron la llamada “Verdad Histórica” sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
el día de ayer fue detenido Ezequiel Peña Cerda, ex mando en la AIC por la tortura a uno de los imputados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Además se solicitó la captura de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la antigua PGR.
Cabe mencionar que el pasado 5 de marzo, los padres de los normalistas desaparecidos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara a los funcionarios que intervinieron en el caso Iguala, entre los que destacan Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero y su esposa.
(Con información de Grupo Reforma)