La Cámara de Diputados dio luz verde a una serie de modificaciones a la Ley General de Salud que buscan castigar la fabricación y comercialización de vapeadores.

Con estas reformas, quienes participen en la elaboración o distribución de estos dispositivos podrán enfrentar penas que van de uno a ocho años de cárcel, además de sanciones económicas que alcanzan hasta dos mil UMAs, equivalentes a 226 mil 280 pesos.

Durante el debate en el pleno, legisladores de la oposición cuestionaron a la mayoría parlamentaria por supuestamente “abrirle la puerta” al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, sostuvo que “No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena van a recibir su aguinaldo”.

Reyes también arremetió contra los legisladores oficialistas, calificándolos de “hipócritas” y recordando que “vapean”. “Ustedes vapean, los hemos visto, no sé con qué cara vienen a poner una prohibición cuando son consumidores de vapeadores”, afirmó frente al pleno.

Las modificaciones aprobadas contemplan la prohibición total de actividades como la compra, manufactura, preparación, almacenamiento, transporte con fines comerciales, importación, exportación, venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Asimismo, se veta la publicidad o cualquier tipo de promoción destinada a impulsar el uso de estos productos, sin importar si se difunde en medios impresos, digitales, televisión u otras plataformas de comunicación.

La reforma también incluye restricciones para la producción, comercialización y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas que no cuenten con autorización legal, además de medidas específicas para impedir el uso ilícito de fentanilo.