El Senado aprobó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, unificando definiciones, sanciones y protocolos. La votación fue unánime e incluyó ajustes con perspectiva de género y medidas contra el uso de tecnología en este delito.

La reforma aumenta las penas por extorsión a 15-25 años y a 10-20 años para servidores públicos que no denuncien. También protege a víctimas y testigos y exige fiscalías con personal capacitado y especializado.

Se refuerza el control de llamadas desde cárceles y la regulación de plataformas electrónicas usadas en extorsión, buscando cerrar espacios delictivos y garantizar un protocolo uniforme en fiscalías y policías.

La iniciativa busca unificar sanciones ante la desigualdad actual entre estados, que genera impunidad. Hasta 2024, hubo 10,804 víctimas según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.