El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) informó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha comenzado el proceso para determinar si las desapariciones en México pueden considerarse generalizadas o sistemáticas.

El anuncio fue realizado por el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, durante la presentación del informe anual del organismo ante la Asamblea General de la ONU.

México cuenta con 134 mil personas desaparecidas y no localizadas. Asimismo, el país encabeza la lista de Acciones Urgentes presentadas al CED, con 779 de las 2 mil 74 registradas por el organismo.

“En marzo de 2025, el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención (Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas) en relación con México (…) dicho procedimiento permite al Comité llevar a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas indicios y una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada”.

Apenas media hora después del anuncio, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, expresó su rechazo a la medida.
“México no comparte la decisión del Comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el de mi país”, declaró el diplomático.

El artículo 34 de la Convención establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio contiene inicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Desde su adhesión a la Convención en 2010, México ha sido objeto de diversas observaciones tanto del GTDFI como del CED, que visitó el país en 2021. Ambos organismos han alertado sobre el incremento de las desapariciones forzadas y la falta de implementación de sus recomendaciones.