El gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y su equipo, con el objetivo de anular las leyes “santuario” que limitan la cooperación con autoridades migratorias. El Departamento de Justicia argumenta que estas normas interfieren con la ley federal y afectan el trabajo de las agencias de seguridad.

La querella, interpuesta ante un tribunal federal en California, sostiene que la falta de colaboración ha entorpecido las operaciones migratorias. Según el gobierno, más de 1,600 personas fueron detenidas en redadas recientes, en medio de disturbios y actos de vandalismo.

La fiscal general, Pam Bondi, señaló que este tipo de leyes son el origen de la violencia y los ataques contra policías. Acusó a Los Ángeles de proteger a inmigrantes por encima de los ciudadanos y poner en riesgo la seguridad pública.

La alcaldesa Bass no ha respondido formalmente, pero ha denunciado el ambiente de miedo generado por las redadas. Dijo que la ciudad era pacífica hasta la llegada de agentes federales y advirtió que atacar a la comunidad migrante podría dañar gravemente la economía local.