El Tribunal Supremo de Estados Unidos desechó la demanda del gobierno mexicano contra varios fabricantes de armas, al determinar que la legislación vigente protege a estas empresas de responsabilidad legal por el uso que terceros hagan de sus productos. La decisión fue unánime entre los nueve magistrados.

México presentó la demanda en 2021, alegando que compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock contribuyen al tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia en territorio mexicano. Solicitaba una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños derivados del contrabando de armamento desde EE.UU.

El gobierno mexicano argumentaba que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas permite excepciones si se demuestra que las empresas violaron la ley de forma intencional. Sin embargo, la Corte concluyó que no hay pruebas suficientes para sostener que los fabricantes facilitaron de manera deliberada ese tráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno revisará la resolución y señaló que hay más de un litigio en curso. En contraste con Estados Unidos, donde la posesión de armas es un derecho constitucional, México mantiene una regulación estricta sobre su adquisición y uso.