El reciente aumento gradual de 10 centavos mensuales en la tarifa del transporte público hasta llegar a los 17 pesos que le recetó el gobernador Samuel García a los ciudadanos de Nuevo León, además de hacer notoria su falta de empatía, refleja una concepción errónea sobre la naturaleza de este servicio. 

Hay que poner sobre la mesa una premisa fundamental: El transporte público no debe ser considerado, ni operado como un negocio, sino como lo que es, un servicio público y un derecho humano fundamental. Así lo dice la comunidad internacional y nuestra propia Constitución.

En las sociedades más avanzadas, el acceso a la movilidad es garantizado por el Estado, que asume la responsabilidad de subsidiar este servicio para asegurar su accesibilidad a toda la población, sin importar su capacidad económica. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede aquí, y aún peor, el incremento en la tarifa no va acompañado de una mejora sustantiva en la calidad del servicio. Los usuarios continúan enfrentando unidades en condiciones precarias, inseguras, rutas ineficientes y retrasos constantes, lo que demuestra que el problema no radica únicamente en el costo, sino también en la deficiencia estructural del servicio. Si el Estado decide aumentar el costo del transporte, debe, al menos, garantizar una mejora proporcional en la calidad del mismo.

Este modelo de gestión, donde el transporte público se gestiona como un negocio, es incongruente con los modelos adoptados por las ciudades más avanzadas del mundo, donde no es casualidad que tengan un servicio de transporte de mucha calidad. Solo por poner un ejemplo, países como Luxemburgo, optaron por subsidiar el transporte público, absorbiendo el costo del metro y otros medios de transporte, para que los ciudadanos no tengan que afrontar tarifas prohibitivas y puedan moverse libre y gratuitamente. 

Este enfoque debe ser replicado (gradualmente) en nuestro estado, hacia allá deben de ir enfocados nuestros esfuerzos, ya que invertir en un sistema de transporte público eficiente a mediano plazo, no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino también la productividad y competitividad de la región.

En fin, Samuel hace ya tiempo perdió el rumbo, eso se sabe, pero sumarle ahora, que el ciudadano pague por su irresponsabilidad, es un completo descaro.