El fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfredo Higuera, descartó que la investigación abierta contra 31 científicos e investigadores de Conacyt sea una “persecución contra la comunidad científica” del país.

Higuera aseguró que se trata de un asunto estrictamente jurídico, de naturaleza penal, donde la FGR lo único que busca es cumplir con su obligación de investigar y perseguir delitos.

En entrevista con Radio Fórmula el fiscal denunció que el juez que por segunda ocasión negó girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores de Conacyt incumplió con el principio de exhaustividad al no haber analizado todos los planteamientos del Ministerio Público de la Federación.

“Consideramos que lo que en principio se imponía era que se hiciera un examen completo de todo el planteamiento, y consideramos que se hizo muy de manera parcial, muy limitada”, dijo.

La FGR tiene ahora dos caminos a seguir: recurrir a la impugnación o hacer un replanteamiento del caso, siendo esta última la opción más viable, según adelantó el fiscal.

Cuestionado sobre la condena del rector de la UNAM, Enrique Grace, contra la investigación de los científicos, que calificó de “inconcebible”, el fiscal Alfredo Higuera señaló que la FGR solo está atendiendo una denuncia en la que se señal}o malversación de fondos, respecto de servidores públicos que manejaron recursos públicos a través de un esquema que tiene vicios de ilegalidad.

“No se está actuando contra la comunidad científica ni contra la academia, y no cabría enderezar ataques porque sí en contra de quienes procuran el desarrollo científico de nuestro país”, señaló.

La acusación, abundó derivó en el hallazgo de la configuración de otros delitos como lavado de dinero, que es una de las finalidades de la delincuencia organizada.

Por otro lado, mencionó que dentro del Conacyt se dio una connotación de organismo privado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que debió ser un órgano interno para cumplir con sus funciones de asesoría, consultoría y opinión.

De este modo, le Foro, ya como asociación civil, recibió alrededor de 280 millones de pesos de 2011 a 2018 de una partida destinada solo para impulsar y realizar investigación científico y desarrollo tecnológico.

“Naturalmente que hay un direccionamiento irregular, en principio una asignación irregular de los recursos, una aplicación igualmente indebida, que se considera que se hizo en beneficio y aprovechamiento de quienes estuvieron disponiendo y recibiendo los recursos”.

El fiscal especializado en delincuencia organizada enfatizó que no se cuestiona la calidad profesional de los presuntos implicados ni se pretende atropellar a la comunidad científica.