La Fiscalía General de la República (FGR) afirma que como cabeza de un aparato de poder criminal, el presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en al comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, esto de acuerdo a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia, y a la que tuvo acceso el periódico Reforma.
En la solicitud, la Fiscalía considera que el ex presidente Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral, es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin.
Peña Nieto, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo público para el que fue electo, con el fin de delinquir.
Con su actuar ilícito no solo obtuvo beneficio personal, sino procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht, que los había ya hecho objeto de cohecho, traicionado a la patria con su mal desempeño”.
“Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria”, indica la Fiscalía en su solicitud ante el juez, “surgieron por disposición de él mismo”.
El documento señala que Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
A instancia del mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó “de manera espontánea y por interpósitas personas” 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub.
El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados. Estas entregas presuntamente tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban, sino sólo a su beneficio personal.
Por otro lado, la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras, como Odebrecht, y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación.
“Los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financiero ya que hubo que realizar gestiones tanto en el país como en el extranjero para contar los recursos ilícitos de Odebrecht”, se describe en el documento que publica el periódico Reforma este jueves.
Además, esos recursos hubo que “transferirlos, cambiarlos en moneda corriente, almacenarlos, entregarlos a los legisladores, condicionar el pago de sobornos a cambio de su voto a favor de la aprobación de las reformas estructurales; elaborar las propuestas legislativas a modo que beneficiaran a Odebrecht entre otros; cabildearlas con el resto de legisladores y publicar las leyes aprobadas”, detalla.
Bajo el liderazgo de Peña, Videgaray y Lozoya, continúa, funcionaron como “un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción”.
Cabe mencionar que se indica que la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Videgaray como 2autor material” de los actos criminales, la FGR deja en claro que Peña fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.
Al señalar que ocupó el cargo oficial más elevado de la Administración pública entre 2012 y 2018, subraya que Peña “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de coptación de la voluntad de los legisladores” para la aprobación de la reforma energética.
“Peña tuvo un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el Gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas, las cuales estaban obligadas a cumplirlas”, expone la FGR.