“Rebotan” cheque para pagar la rifa del valor del Avión Presidencial

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El cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno Federal y que, supuestamente, pagaría pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Esta institucion, bajo la gestión de Jaime Cárdenas, decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento“, que es producto de un presunto delito.

Por otro lado, oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR que le enviara el acuerdo sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero. La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.

La Fiscal, aseguró que: “En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep“. Por lo tanto, y ante esta respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.

Álvarez comentó por escrito que este “instituto sólo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa“. Por lo que el 22 de julio, el Indep decisión regresar a la fiscalía los recursos mediante este oficio que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle la fecha y hora para formalizar su devolución.

Los 2 mil millones de pesos del cheque, en efecto no proceden de un aseguramiento, sino que fueron entregados a la Fiscalía por parte de la empresa Telra Realty el 10 de febrero como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por una indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía. Hasta el momento, dichos recursos los mantiene la FGR en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide que sean utilizados por el Gobierno.

Origen del asunto

Realizando un recuento de los hechos, el pasado primero de agosto del 2018, el Infonavit detectó una ‘transa‘ por 5 mil millones de pesos por indemnización ilegal a la empresa Telra de las familias El-Mann y Zaga. Posteriormente, el 28 de enero del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de dicha empresa luego de investigaciónes por parte de la Fiscalía General de la República. Para el 31 de enero, Telra ofreció negociar con la FGR para “reparar el daño” y devolvió 2 mil millones de pesos.

Es decir, los hermanos El Mann ofrecieron un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos a la FGR, tres días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les había bloqueado todas sus cuentas bancarias, incluidas las de su fideicomiso inmobiliario Fibra Uno. Ofrecieron dos cheques para reparar el daño por el caso Telra aunque, según el documento, para materializar el pago pidieron que la FGR diera aviso a la UIF, lo que hace suponer que en ese momento sus activos aún estaban congelados.

Ordenan la aprehensión de Billy Álvarez

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Un juez federal ordenó esta noche la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa Cruz Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.

Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que los imputados constituyeron una organización delictiva para desviar fondos de la cementera.

Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuel Garcés Rojo, director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.

El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán derecho a la libertad provisional.

De acuerdo con el expediente, en el caso de Álvarez la delincuencia organizada se castiga con 8 a 16 años de prisión por tener funciones de dirección y administración, mientras que para el resto de los imputados la penalidad es de 4 a 8 años de prisión.

En el caso de lavado, por la modalidad imputada, la FGR señaló que serían castigados con 7.5 a 22.5 años de prisión, lo que en conjunto la pena para el director de la cooperativa podría ser de 15.5 a 38.5 años de cárcel y los demás de 11.5 a 30.5 años.

La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició con una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020

Según la imputación, entre 2011 y 2017, Álvarez y los coimputados simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos con las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Todas ellas aparecen señaladas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como “factureras”.

 

(Con información de Reforma)

UIF bloquea cuentas de red facturera

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas relacionadas con una organización que operaba una red de al menos 99 empresas factureras y denunció ante la FGR a sus integrantes.

La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina“, señala en un comunicado.

La Unidad de la Secretaría de Hacienda detalló que el dinero con el que funcionaba esta red está ligado a operaciones de los Panama Papers, por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, el cual ingresaba a las empresas creadas por la organización.

Indicó que los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de personas, a las que se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y dispositivos token a los implicados para que dispusieran de los recursos.

Ayer elementos del Ejército y de la Marina realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba más de 100 empresas “factureras”.

Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, según la determinación de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General informó que en el operativo, ejecutado con órdenes de aprehensión, quedaron aseguradas escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas también como “fachadas“.

 

 

 

(Con información de El Norte)