La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

La sociedad civil responde así a criticas de AMLO

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respondió, a través de un comunicado, los dichos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre su desconfianza hacia la sociedad civil.

La COPARMEX argumentó que desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad, y recordó 10 cambios que, en primera instancia, fueron propuestas y exigencias de la sociedad:

  1. La creación del Instituto Federal Electoral y las políticas de paridad en el sistema electoral
  2. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humano y del Banco de México
  3. La reforma política de la Ciudad de México, sin la cual los habitantes de la capital no podrían elegir a sus autoridades
  4. La evaluación educativa y el servicio profesional docente basado en el mérito
  5. La evaluación independiente de la política social y la creación del CONEVAL
  6. La creación del INAI y la agenda de transparencia y rendición de cuentas
  7. La reforma en Derechos Humanos y denuncias de violaciones graves a los mismos (Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato)
  8. La Ley 3de3, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la denuncia de grandes casos de desvío de recursos como los de ChihuahuaNuevo León, Quintana Roo, SonoraVeracruz o la Estafa Maestra
  9. El amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental
  10. La iniciativa de reforma legal para contar con una Fiscalía verdaderamente independiente

“Más que suspicacia y recelo, el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos. Sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”.

Dimes y Diretes: “Palmarito: Si, fue el Estado”

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Desde ya hace varios meses el tema de los huachicoleros en el estado de Puebla y a nivel nacional ha ido tomando relevancia. Los huachicoleros son grupos que se dedican a extraer combustibles de Pemex de forma clandestina, ciertamente representan una pérdida de dinero grave para el país, se habla de casi 2 mil millones de dólares anualmente, pero lo que sucedió el Palmarito, llego a otro nivel.




Según videos proporcionados por el Diario Cambio, el ejército mexicano realizó una ejecución extrajudicial mientras se encontraba realizando un operativo contra los famosos huachicoleros. La ejecución, según se puede apreciar en uno de los videos que más ha estado circulando en las redes sociales, fue mientras la persona ya estaba sometida por el ejército y se encontraba en el piso.

No hay forma de justificar la ejecución, no hay forma de que el ejército se deslinde de la misma, hay video, hay pruebas, no hay mucho que investigar. Algo que justamente está haciendo en estos momentos la PGR, pero ¿quién puede confiar en sus investigaciones? No han podido resolver el caso de Ayotzinapa, su titular en ese entonces, Murillo Karam, habló de una “verdad histórica” que ha faltado de veracidad y de pruebas. Sin olvidar los dos casos de asesinatos extrajudiciales que ha protagonizado el ejército en Tlatlaya y Tanhuato.




¿Qué no se da cuenta el Ejército Mexicano que el país está en una crisis? ¿No se da cuenta que tenemos a candidatos que lo acusan de asesino? Claramente nuestras fuerzas armadas ignoran lo que sucede en el país y los cuestionamientos que hay en su contra. Por esto, y muchas otras razones, me veo obligado a decir, si fue el Estado.

¡Ahí Se Leen!

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

Dimes y Diretes: “Sí al #Jitomatazo”

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Durante las recientes semanas ha sonado mucho en redes sociales la propuesta de tirarle jitomates a los diputados federales de México que hayan recibido el bono navideño y no lo devuelvan.

El ex City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, es el impulsador del #Jitomatazo, y aunque ha sido duramente criticado, yo coincido con el mismo.

César Camacho, diputado federal plurinominal y miembro del afamado Grupo Atlacomulco (mismo al que pertenece nuestro querido Presidente), fue la primera víctima del #Jitomatazo.

El ex gobernador del Estado de México ya hizo una denuncia penal contra Arne y todos los que resulten responsables de aventarle jitomates y arruinarle su traje (muy probablemente de marca). Aquí es donde yo me pregunto, ¿y nosotros cómo los denunciamos a ellos por ratas?

La realidad es esta: cada diputado federal nos cuesta alrededor de un millón de pesos mensualmente. También no tiene progenitora que a pesar de la crisis económica por la que pasa el país, los diputados se hayan otorgado millones de pesos en bonos navideños (cada diputado recibió alrededor de entre 500 mil a 700 mil pesos). ¿Ahora salen que por unos jitomatazos van a lloriquear?

Los diputados del PRI y su Presidente Nacional, Enrique Ochoa, piden que no haya violencia, pero ¿cuántas veces el PRI ha incitado a la violencia? Es más, ¿cuántas matanzas han sido hechas por gente afiliada al PRI?




Ahí, le va un recuento: Tlatelolco (1968), La Masacre del Jueves de Corpus (1971), las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato (2015), los periodistas asesinados durante los sexenios de varios gobernadores, sobresaliendo Javier Duarte.

Ya que estamos con Javier “Ñoño” Duarte, los 9 niños que murieron de cáncer fue porque el tratamiento era patito, pura agua. Después de todo esto, ¿neta los priistas se quejan por unos jitomates? Denle gracias a Dios que no les avientan piedras y que realmente el hartazgo social no se ha desbordado por completo.

Para mí ni los jitomatazos, ni el pañalazo que se avecina son actos de violencia. Son acciones que demuestran el hartazgo social que comienza a crecer en México, en esta clase política, que en su mayoría se ha encargado de desfalcar al país.

Por lo tanto, yo digo, que adelante con los jitomatazos, hasta que los diputados federales devuelvan el bono navideño y cumplan con su trabajo. Y yo no lo dejaría en los diputados federales, también a cualquier político corrupto en México.




¡Ahí Se Leen!

P.D. Aventar jitomates no es un delito penal, es una falta administrativa por vejaciones, por lo tanto no amerita cárcel.