SCJN es clausurado en protesta por salarios

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Manifestantes que protestan por los salarios que reciben jueces y ministros clausuraron simbólicamente la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante un mitin al exterior del recinto, los inconformes reclamaron por los altos salarios del Poder Judicial.

“Una vez más vamos todos, fuertes y a sacar a todos estos malditos ladrones”, señaló uno de los manifestantes.

Los inconformes acusaron un saqueo al erario y al presupuesto con las “gratificaciones, prestaciones económicas y sueldos exorbitantes” de los jueces y ministros.

En tanto, en las escalinatas de la entrada de la Corte fueron instaladas cuatro casas de campaña.

Sanchez Cordero señala dificultades en recorte a jueces

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La reducción salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un tema fácil, por lo que hay que dialogar con ellos, consideró Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

“Desde la Secretaría de Gobernación vemos el respeto irrestricto del Poder Judicial“, comentó la también ex Ministra de la Corte.

“¿Pero cree que deberían bajarse los sueldos?, se le preguntó.

“El tema es un poco complicado porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil decir que se los bajen”, admitió.

Recordó que en la Cámara de Diputados dos legisladores expresaron que la Ley de Remuneraciones tiene que ser acorde con la Constitución federal y reconocieron que el artículo 94 protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros mientras estén en funciones.

“Entonces no es un tema que podamos decidir rápidamente, sino que tiene todo un fundamento constitucional”, reiteró.

“Hay dialogar con ellos”, dijo.

Adelantó que el próximo miércoles se reunirá con representantes de los medios de comunicación en Bucareli, donde explicará más a fondo su postura.

La Secretaria fue entrevistada brevemente en Palacio Nacional, antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregue el Premio Nacional de Derechos Humanos a Héctor Fix Zamudio.

El evento se realiza en el salón Tesorería, donde el Mandatario ofrece sus conferencias de prensa matutinas y firmó el decreto para crear una comisión especial para el caso Ayotzinapa.

Buscan 4 ministros presidencia de SCJN

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Al concluir el plazo para presentar sus “líneas generales” de trabajo en busca de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro ministros interesados cumplieron con este requisito.

Se trata de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quienes de esta manera formalizaron su candidatura para presidir tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien sustituya en la presidencia al ministro Luis María Aguilar Morales será el responsable de la dirección de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y fungirá como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

Varios de los aspirantes hicieron ofertas para reducir presupuestos globales o congelar salarios de mandos, aunque ninguno de ellos propuso reducciones salariales a ministros, magistrados o jueces.

“No podemos negar que existe actualmente en la sociedad una percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el PJF“, dice el plan de Zaldívar, quien ha sido el más crítico y no es juez de carrera.

Zaldívar propuso congelar cuatro años los salarios de los mandos, lo que en términos reales los reduciría en más de 15 %, y en el tema del nepotismo, sugirió que el acceso a todos los puestos judiciales, y no solo el de jueces y magistrados, se sujete a examen.

“La sociedad exige austeridad y estoy convencido de que el PJF puede esforzarse más para reordenar, redistribuir y, si es necesario, recortar el gasto”, sostuvo Pardo Rebolledo en su plan.

También Pérez Dayan propuso generalizar los exámenes para que ingrese a la carrera judicial quien tenga los méritos.

Alfredo Gutiérrez criticó que el presupuesto del PJF se solicite inercialmente con base en el año previo, lo que ha llevado a que siempre se pida dinero de más que no se alcanza a ejercer.

SCJN falla a favor de empleadas domésticas, contarán con Seguridad Social

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

Este miércoles, la SCJN aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó queno existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual, consideraron “provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.

“Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, según el Inegi)”, detalló la Corte en un comunicado.

De acuerdo con la SCJN, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de extensas jornadas, bajos salarios y condiciones lejanas del concepto “trabajo digno”, lo que implide a los trabajadores acceder a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias”.

Por ello, concedió el amparo con el que se hará de conocimiento al IMSS de esa situación discriminatoria, y ordenará que en un plazo prudente (primer semestre de 2019) el Instituto implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Este esquema deberá contemplar facilidades administrativas que les permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales, y tendrá que ser de fácil implementación para los patrones, que en su mayoría son amas de casa o padres de familia.

De acuerdo con el amparo concedido, la inscripción no será de carácter voluntario, sino obligatorio.

En un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del referido programa piloto, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

La Corte estima que en un plazo no mayor a tres años se logrará obtener la seguridad social “efectiva, robusta y suficiente” para todas las empleadas domésticas en el país.

En respuesta, el nuevo director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que acatarán inmediatamente la resolución.

“He ordenado a la la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado”, explicó el funcionario.

También dijo haber ordenado al área de Vinculación iniciar un diálogo con organizaciones civiles para hacer un trabajo “integral, puntual y claro” al respecto.

El Amparo Directo 9/2018 fue interpuesto por una trabajadora del hogar que exigió el reconocimiento de prestaciones como indemnización constitucional, pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario, así como una inscripción retroactiva ante el IMSS.

Desde hace siete años, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en favor de las trabajadoras del hogar; sin embargo, este nunca fue enviado al Senado para su ratificación, y continúa sin hacerlo, a pesar de las críticas y exigencias de organizaciones sociales y trabajadoras del hogar.

Este miércoles, la senadora Patricia Mercado informó que recibieron en el Senado a un grupo de trabajadoras del hogar, con quienes se está trabajando una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo, pues hoy “laboran bajo un régimen de excepción”.

Gobernador de Michoacán pondrá controversia constitucional contra superdelegados

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Este lunes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que su administración presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la creación de la figura de los superdelegados. Además, que nadie de su gobierno se presentará en las reuniones de seguridad que convocó el gobierno federal.

Explicó que se trata de una violación al pacto federal ya que en la práctica invade facultades e instala una autoridad paralela cuando ya existe un ejecutivo estatal que tiene “legalidad y legitimidad”.

Señaló que no pueden retornar a la época del centralismo, que por lo que se tiene que apostar es por el fortalecimiento de una República federada.

Explicó que esto no implica una ruptura con el gobierno federal, que no se trata de una actitud “beligarante ni retadora” y que por el contrario buscan poner su parte para la coordinación “por el bien del estado y sus habitantes”.

Dijo que la reunión de seguridad que se convocó fue solamente por una “cuestión de cortesía y plena disposición de colaborar con el gobierno de la República” pero no volverá a suceder.

Recordemos que el pasado mes de noviembre, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, amenazó a los gobernadores que no se “ajustaran” a las leyes públicas o políticas públicas con desaparecer los poderes estatales.

“Ningún gobernador de ningún estado de la república podrá oponerse al mandato constitucional”,sentenció.

Diputados aprueban en lo general reforma para quitar fuero a servidores públicos

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Con 469 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para reformar seis artículos de la Constitución para eliminar el fuero a servidores públicos, incluido el presidente de la República

Sin embargo, el dictamen presentado por la Cámara de Puntos Constitucionales señala que el titular del Ejecutivo, así como los diputados y senadores, ministros y magistrados gozan de inmunidad y no podrán ser privados de la libertad durante el periodo de su encargo, a menos que haya sentencia condenatoria en su contra, reportó Milenio.

La propuesta determina que el presidente de la República, legisladores, magistrados, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras figuras, perderán el fuero por incurrir en delitos federales.

Asimismo, se precisa que aquellos que sean sometidos a proceso, podrán estar en libertad hasta demostrar culpabilidad y recibir una sentencia firme.

La discusión se abrió en lo particular en la Mesa Directiva sobre los artículos reservados por las diferentes fracciones parlamentarias.

Hasta ahora el fuero permite que ningún funcionario público federal pueda ser juzgado, si la Cámara de Diputados no inicia un juicio de procedencia para el retiro de esa protección, lo que se ha constituido en un mecanismo que favorece la impunidad.

Se compromete SCJN a revisar sentencia sobre Comisión de la Verdad del caso Iguala

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Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se comprometió con representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a revisar la sentencia de crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala.

De acuerdo con Milenio, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y una comitiva se reunió con el ministro a quien externaron la necesidad de revisar la decisión que emitió el Tribunal Colegiado y que la Procuraduría General de la República no ha acatado.

“En este punto se comprometió el presidente de la Corte, las ministras, que en cuanto llegue aquí en la Suprema Corte hará el análisis de todo el expediente y se someterá análisis para dar muy pronto la resolución que ellos consideren, que debe de ser, conforme a derecho”, indicó De la Cruz.

El presidente de la SCJN, les explicó a los padres que primero se deben agotar las diversas instancias judicialespara que la sentencia del Primer Tribunal Colegiado pueda llegar a la Corte.

Padres de normalistas piden a AMLO ruta de trabajo sobre Iguala

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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resista las presiones del Ejecutivo al resolver los recursos interpuestos por éste, contra la orden de un Tribunal Colegiado de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso.

Padres y madres de los estudiantes llamaron a las y los ministros del Máximo Tribunal a estar del lado de la verdad y de las víctimas, ante la ofensiva legal del gobierno federal contra la sentencia del tribunal colegiado y previendo que será la Suprema Corte la que resuelva varios de los más de 100 recursos legales interpuestos por la administración de Enrique Peña Nieto.

“Las familias denunciaron que es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas“, informaron en un comunicado los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Serapaz y Fundar.

Además, lamentaron que el magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas haya tenido una actitud “sumisa” al Ejecutivo al resolver que existe una “imposibilidad jurídica” para que las autoridades cumplan una sentencia que es, de origen, inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí.

Hicieron también un llamado al equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para tener una reunión en la que se fije una ruta de trabajo y señalaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia del tribunal colegiado.

Carmen Aristegui fue ilegalmente despedida de MVS, resuelve corte

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Los magistrados de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvieron que el contrato entre Carmen Aristegui y la empresa MVS (que ésta dio por terminado en marzo de 2015), sigue vigente y su “terminación fue indebida”, afirmó el abogado de la periodista, Xavier Cortina.

En entrevista con apro, agregó que, en el otro litigio por presunto daño moral, los mismos magistrados resolvieron que en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cambió un gobiernoAristegui “no demostró” sus juicios, pero la absolvieron de pagar una cantidad a Joaquín Vargas, dueño de dicho medio de comunicación.

Consultado vía telefónica tras conocerse la resolución de ambos juicios, Xavier Cortina subrayó que lo sustancial es que “el contrato con MVS sigue vigente y es exigible”. Detalló que “al no existir una razón económica que justifique su terminación unilateral, se trató de un golpe de censura” de la empresa radiofónica contra Aristegui y su equipo.

En el tema del juicio por daño moral, radicado en el mismo tribunal colegiado, los magistrados resolvieron que Aristegui “no demostró” el resultado de sus juicios donde señala una presión del gobierno federal a Joaquín Vargas por el tema de la renovación de las concesiones en la banda 2.5 Ghz, que, posteriormente, MVS vendió a Grupo Carso, de Carlos Slim.

Sin embargo, no le ordenan pago monetario alguno, sino la reimpresión del prólogo del mismo libro que se integre “con un extracto de la resolución” de más de 100 páginas que se dio a conocer este jueves.

Frente a este tema, el equipo jurídico de Carmen Aristegui pedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso para defender el derecho de la libertad de expresión en juicios como el de la periodista, quien escribió sobre su propia situación en el prólogo del libro, editado por Penguin Random House.

Paradójicamente, la misma editorial había sido exonerada en el juicio por daño moral interpuesto por Joaquín Vargas, pero ahora tendría que volver a reimprimir el libro con un extracto de la sentencia de los magistrados.

Corte otorga amparo a Ríos Piter para consumir marihuana

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para consumir marihuana de forma recreativa al ex aspirante a la Presidencia de la RepúblicaArmando Ríos Piter.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la adquisición de semilla de marihuana para cultivo, procesamiento y consumo para fines lúdicos y recreativos.

La sala se pronunció en contra de la prohibición absoluta sobre la adquisición de la semilla de marihuana porque es desproporcionado que la ley no permita conseguir la semilla.

Será la Cofepris quien determinará las modalidades de la adquisición de la semilla, esto se podrá dar a través de tenedores legales o de permisos especiales de adquisición”, señaló Luz Elena Orozco, secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo contó con cuatro votos a favor y uno en contra para otorgar la protección de la justicia al senador con licencia, quien se integró a la campaña de José Antonio Meade, candidato de Todos por México.

De acuerdo con Milenio, para que el criterio de la Sala se convierta en jurisprudencia hacen falta dos amparos; cuando sumen cinco casos, los jueces deberán resolver a favor de los consumidores que reclamen que la Cofepris no les permite cultivar, procesar y consumir marihuana para fines lúdicos y recreativos.

Desde el primer caso en 2015, hasta ahora, la SCJN ha concedido tres amparos que permiten el cultivo y uso recreativo de esta planta sin que violen la Ley General de Salud. Ninguno de ellos contempla sin fines de comercialización y distribución.