Padres de normalistas piden a AMLO ruta de trabajo sobre Iguala

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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resista las presiones del Ejecutivo al resolver los recursos interpuestos por éste, contra la orden de un Tribunal Colegiado de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso.

Padres y madres de los estudiantes llamaron a las y los ministros del Máximo Tribunal a estar del lado de la verdad y de las víctimas, ante la ofensiva legal del gobierno federal contra la sentencia del tribunal colegiado y previendo que será la Suprema Corte la que resuelva varios de los más de 100 recursos legales interpuestos por la administración de Enrique Peña Nieto.

“Las familias denunciaron que es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas“, informaron en un comunicado los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Serapaz y Fundar.

Además, lamentaron que el magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas haya tenido una actitud “sumisa” al Ejecutivo al resolver que existe una “imposibilidad jurídica” para que las autoridades cumplan una sentencia que es, de origen, inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí.

Hicieron también un llamado al equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para tener una reunión en la que se fije una ruta de trabajo y señalaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia del tribunal colegiado.

Carmen Aristegui fue ilegalmente despedida de MVS, resuelve corte

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Los magistrados de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvieron que el contrato entre Carmen Aristegui y la empresa MVS (que ésta dio por terminado en marzo de 2015), sigue vigente y su “terminación fue indebida”, afirmó el abogado de la periodista, Xavier Cortina.

En entrevista con apro, agregó que, en el otro litigio por presunto daño moral, los mismos magistrados resolvieron que en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cambió un gobiernoAristegui “no demostró” sus juicios, pero la absolvieron de pagar una cantidad a Joaquín Vargas, dueño de dicho medio de comunicación.

Consultado vía telefónica tras conocerse la resolución de ambos juicios, Xavier Cortina subrayó que lo sustancial es que “el contrato con MVS sigue vigente y es exigible”. Detalló que “al no existir una razón económica que justifique su terminación unilateral, se trató de un golpe de censura” de la empresa radiofónica contra Aristegui y su equipo.

En el tema del juicio por daño moral, radicado en el mismo tribunal colegiado, los magistrados resolvieron que Aristegui “no demostró” el resultado de sus juicios donde señala una presión del gobierno federal a Joaquín Vargas por el tema de la renovación de las concesiones en la banda 2.5 Ghz, que, posteriormente, MVS vendió a Grupo Carso, de Carlos Slim.

Sin embargo, no le ordenan pago monetario alguno, sino la reimpresión del prólogo del mismo libro que se integre “con un extracto de la resolución” de más de 100 páginas que se dio a conocer este jueves.

Frente a este tema, el equipo jurídico de Carmen Aristegui pedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso para defender el derecho de la libertad de expresión en juicios como el de la periodista, quien escribió sobre su propia situación en el prólogo del libro, editado por Penguin Random House.

Paradójicamente, la misma editorial había sido exonerada en el juicio por daño moral interpuesto por Joaquín Vargas, pero ahora tendría que volver a reimprimir el libro con un extracto de la sentencia de los magistrados.

Corte otorga amparo a Ríos Piter para consumir marihuana

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para consumir marihuana de forma recreativa al ex aspirante a la Presidencia de la RepúblicaArmando Ríos Piter.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la adquisición de semilla de marihuana para cultivo, procesamiento y consumo para fines lúdicos y recreativos.

La sala se pronunció en contra de la prohibición absoluta sobre la adquisición de la semilla de marihuana porque es desproporcionado que la ley no permita conseguir la semilla.

Será la Cofepris quien determinará las modalidades de la adquisición de la semilla, esto se podrá dar a través de tenedores legales o de permisos especiales de adquisición”, señaló Luz Elena Orozco, secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El amparo contó con cuatro votos a favor y uno en contra para otorgar la protección de la justicia al senador con licencia, quien se integró a la campaña de José Antonio Meade, candidato de Todos por México.

De acuerdo con Milenio, para que el criterio de la Sala se convierta en jurisprudencia hacen falta dos amparos; cuando sumen cinco casos, los jueces deberán resolver a favor de los consumidores que reclamen que la Cofepris no les permite cultivar, procesar y consumir marihuana para fines lúdicos y recreativos.

Desde el primer caso en 2015, hasta ahora, la SCJN ha concedido tres amparos que permiten el cultivo y uso recreativo de esta planta sin que violen la Ley General de Salud. Ninguno de ellos contempla sin fines de comercialización y distribución.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.