El día de hoy, por amplia mayoría, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia reservó durante cinco años los datos sobre las condiciones esenciales de contratación, así como los comprobantes de pago, de la compra de vacunas contra Covid-19 de Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino. El organismo añadió que difundir esta información implica un riesgo para la seguridad nacional, pues se violarían cláusulas de confidencialidad de los contratos y se pondría en peligro el suministro de vacunas puesto que las tres empresas mencionadas han surtido casi 80 por ciento de los 225 millones de dosis recibidas por México.
La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) ha difundido versiones públicas de los contratos, con censura de párrafos que detallan pagos, responsabilidades, garantías, datos personales, propiedad intelectual y los términos de las propias cláusulas de confidencialidad, mismos que seguirán sellados.
Se destaca que en diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) reservó la información por cinco años, el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) redujo el plazo a dos años, pero la Corte lo volvió a extender a cinco años, el máximo que permite la ley, que se cuentan precisamente a partir de diciembre de 2020.
Los ministros argumentaron a favor de prolongar la reserva y dentro de sus argumentos aseguran que es necesario, porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas, la pandemia no ha terminado, el virus es impredecible, y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto.
En la minoría, dentro del grupo de los ministros contra esta moción, Norma Piña cuestionó que sean cláusulas contractuales, y no la naturaleza de la información, las que determinen que no se deben difundir datos sobre uso de recursos públicos. Destacó que, en los contratos con AstraZeneca y Cansino, está permitido divulgar información si lo prevén las leyes, o por procedimientos administrativos o judiciales. Por su parte, Alberto Pérez Dayan dijo que UNICEF ya ha publicado que México paga cuatro dólares por dosis de vacuna AstraZeneca, entre otros datos.
Entre 2021 y lo que va de 2022, la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha promovido al menos 27 recursos ante la Corte para frenar resoluciones del INAI sobre acceso a la información sobre compra y aplicación de las vacunas.
Con información de Grupo Reforma