Monterrey (15 de noviembre 2017).- Organizaciones civiles en conjunto con académicas pidieron a los ministros de la Corte, un amparo para exigirle al Congreso que emita una ley reglamentaria para regular el gasto de comunicación social de los Gobiernos federal y estatal, que se tiene pendiente desde hace tres años atrás.

Las organizaciones como Fundar y Articulo 19, tiempo antes de haber sido discutido en la Primera Sala de la Corte, observaron que la falta de normatividad favorece el gasto discrecional y el control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos.

Usando el #MiLanaNoEsMordanza, señalaron en redes que la reforma electoral del 2014 estableció obligatoriamente reglamentar el articulo 134 constitucional antes del 30 de abril de 2017.

Precisaron que el Presidente, Enrique Peña Nieto, en el 2012 se comprometió a crear una instancia ciudadana, autónoma, para que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno, cosa que tampoco ha cumplido.

“En los últimos 10 años la publicidad oficial ha sido una forma de censurar indirecta para castigar a los medios críticos. Sin medios de comunicación independientes no hay democracia real. Hoy la Suprema Corte de la Justicia puede cambiar las cosas. #MiLanaNoEsMordanza”, publicaron en sus redes.

Mediante una pagina wb creada por los activistas con a liga publicidadoficial.com.com, han dado a conocer informes sobre los recursos erogados por los Gobiernos estatales y federal en contratos de comunicación social.

“(La ausencia de la ley) da pie a que existan relaciones financieras opacas y discreciones entre gobiernos y medios en el País, así como censura sutil y el desarrollo potencial de redes de corrupción. Para cambiar esta situación, se necesita avanzar en establecer reglas claras sobre gatos en publicidad oficial”, se lee en la editorial.

“Se avecinan tiempos electorales, y con esto, la tentación de realizar considerables aumentos en publicidad oficial pese al contexto de crisis de las finanzas publicas, por lo que es imprescindible que los gobiernos se comprometan a no utilizar estos recursos con fines electorales en lugar de ser destinados a la garantia del derecho a la información y la libertad de expresión”, agregaron.