Hace un par de días, se registraron hechos violentos en el penal Tres Cruces en Acapulco, Guerrero. Por demás está decir lo sanguinario y lo cruento de los hechos, las fotos son verdaderamente horrendas y la zozobra que deja a su paso es notable.

Guerrero, como tal, no se ha destacado por tener altos índices de violencia penitenciaria, sin embargo, lo que ese día pasó denota una clara fragilidad del control que ejerce el gobierno de Guerrero en dicho penal.

En este espacio se han comentado las riñas en Topo Chico, en Ciudad Victoria, en Culiacán, en Cancún, entre otros. Cada estado tiene manejos diferentes y por tanto, normativas diferentes. Sin embargo, algo que está claro es el desmoronamiento institucional en dichos estados donde están notoriamente rebasados y sin un claro mensaje de que las cosas van a cambiar.

Las cárceles siguen siendo invisibles para muchos políticos, siguen siendo objeto de señalamientos, de chivos expiatorios para justificar situaciones y de un desdén social que pre juzga y condena el simple hecho de pisar un reclusorio.

Ahora, Miguel Ángel Gómez Garduño, director del penal ha sido cesado, pero el problema sigue y no se ve un cambio.

Los gobiernos estatales tienen que adentrarse a mirar que está pasando, dejarse de tanta discrecionalidad en el manejo de las cárceles y principalmente de la información. Es vital que los estados ofrezcan datos precisos para que los investigadores puedan encontrar esos mecanismos institucionales que inciden en la violencia y que a la postre la detonan o no la controlan como tal.

Existen estados que ni siquiera tienen dada de alta su plataforma de Transparencia y Acceso a la Información.

Los muertos siguen, los cárteles siguen haciendo negocio y los gobiernos estatales solo callan ante un problema que les explota en las manos.

Lo dicho, dicho está.