La lección de Chumel

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A raíz de que Conapred invitó a Chumel Torres para participar en un foro sobre discriminación, las opiniones en redes sociales han girado en torno a varias preguntas: ¿Fue un error haber invitado a Chumel Torres a un foro validado por un organismo del Estado?¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en México ? ¿Debemos discutir con quienes discriminan o no dar foro para que se reproduzca el discurso de odio que predican? ¿Funciona Conapred o no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación y las instituciones en nuestro país? 

Conapred ha funcionado en ciertas labores de investigación, en recopilaciones de diagnósticos, en sanciones y defensa de ciertos casos. Sus agendas han servido para visibilizar a la población afromexicana, la agenda LGBT -recordemos cuando se dio Seguro Social a parejas homosexuales a pesar de las resistencias durante el gobierno de Calderón- o el acompañamiento a demandas como el que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Seguro Social: hoy el gobierno de la transformación ha echado a andar, por mandato de la Corte, el programa piloto para impulsar sus afiliaciones al IMSS.

Sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre el éxito y el alcance de las campañas de reeducación y sensibilización en manos de Conapred, así como de su estrategia comunicativa para multiplicar los públicos y los perfiles a los que interpela con su agenda y su poca efectividad de darse a conocer con el fin de que más grupos vulnerados puedan ser acompañados por la institución estatal a lo largo de sus luchas democráticas.

Más allá de esto, lo sucedió a raíz del foro puso sobre la mesa un debate que se ha venido perfilando desde el inicio del sexenio: la idea de democracia con la que hemos sido criados durante años en México. Desde finales del siglo pasado a los mexicanos nos fue impuesto un mito que hemos mamado sin rechistar: el mito de que con el simple hecho de tener instituciones ipso facto nuestro país se convertiría en una nación democrática. Se beatificó tanto la figura de los organismos autónomos y descentralizados, que el revisarlos o cuestionarlos en la eficacia de sus objetivos hoy es visto por muchos como una afrenta a la democracia; esto imposibilita repensar cómo mejorarlas o qué alternativas no institucionales existen para impulsar agendas.

Bajo una pantalla de supuesta neutralidad, en varias ocasiones estas instituciones han sido utilizadas para defender ciertos intereses políticos del partido en el poder en turno: en su momento, figuras emblemáticas de CONAPRED cerraron filas para validar el fraude electoral de 2006 y pedir que no se realizara el conteo de voto por voto democrático que habría podido resolver la incertidumbre alrededor de la elección AMLO- Calderón; en el sexenio de EPN la cabeza de CONAPRED aseguró que no descartaba el uso de la fuerza pública para reprimir la protestas de la CNTE, esto durante el conflicto desatado por la (mal)llamada reforma educativa que no tomó en cuenta al profesorado.  

Quizá lo que más preocupa al obradorismo en este momento es que haya habido una multiplicación de órganos e instituciones que durante varios sexenios sirvieron como cuotas políticas para académicos e investigadores orgánicos y hoy se defienda a capa y espada en ciertos sectores para mantener esas estructuras de privilegio a partir del amiguismo.  

Quizá lo que resulta más triste de todo el mito sobre esta democracia simulada es que ha permeado a tal punto que hemos visto estos últimos días cómo compañeras feministas históricas y compañeros luchadores desde la sociedad civil -hablo particularmente de Martha Lamas, Mauricio Merino y Jaqueline L’Hoist-, toman posturas tibias en televisión con relación al papel violento que ha jugado la comedia de personajes como Chumel Torres en la perpetuación de la discriminación en México; esto con tal de cerrar filas con CONAPRED y minimizar el error del equipo encabezado por Mónica Macisse al realizar el foro. Decidieron así cerrar filas con un organismo antes que cerrar filas en contra del racismo y clasismo que tanto ha dañado nuestro país. Esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban sus prioridades.

Hay que reconocer que Conapred ha tenido éxitos y carencias. Valdría la pena por lo tanto replantear hacia delante el mito de la democracia estática con el que hemos crecido y con la que hoy nos encontramos encerrados al final de un laberinto. Comencemos a apostar por una nueva definición donde las instituciones y organizaciones estén constantemente bajo el ojo crítico de todas las personas, sin importar su nivel de estudios o su nivel politización – lo cual es particularmente importante para instituciones que trabajan con población vulnerada y que por sus condiciones socioeconómicas posiblemente contará un un nivel bajo de estudios formales-. Sobre todo, no cerremos las puertas a formas distintas de impulsar nuestras causas y convicciones más allá de las instituciones: la lucha social ha logrado impulsar múltiples esfuerzos y poner en el debate temas fundamentales contra el racismo y el clasismo. Solo así se podrá transformar el país. 

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.

Inicia el IV Foro Regional buscando fortalecer Política Anticorrupción

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La Comunidad del Programa Interdisciplinario en Rendición de Cuentas (PIRC), Red Temática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y la Universidad de Monterrey (UDEM), realizaron este miércoles 03 de octubre, el IV FORO REGIONAL en relación a la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción (PNA).

El evento se llevó a cabo en Sala Polivalente de la UDEM se realizaron mesas de trabajo organizadas por la Red por la Rendición de Cuentas y del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas.

En el foro se instalaron cinco mesas para estudiar los temas: Puntos de contacto e Intermediarios de la corrupción; Profesionalización; Responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo; redes de corrupción; y participación ciudadanía y derechos humanos.

El objetivo general de la Consulta es ser un ejercicio amplio e interdisciplinario para desarrollar espacios de reflexión sobre el documento de la política. Dicho ejercicio permitirá recoger opiniones de académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil de las entidades federativas, teniendo como hilo conductor la propuesta de política. De otro lado, el resultado de las deliberaciones será de utilidad tanto para mejorar, en la medida de lo posible, la política, cuanto para dar solidez y acompañamiento académico y ciudadano a la misma.

Mauricio Merino, coordinador general del comité técnico académico del PIRC, dijo que la clave del combate la corrupción no consiste sólo en perseguir corruptos, sino cambiar las causas por las que la anticorrupción prospera.

Este foro es parte de otras 10 mesas de trabajo que se realizarán en distintas regiones del país para desarrollar la política nacional anticorrupción que será entregada al Gobierno federal en diciembre.

#HojaDeRuta: “¿Habrá transición de Estado?”

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¿En qué momento acaba la contienda y comienza la República? A unos cuantos días que termine un proceso electoral al que le han sobrado ataques y le ha faltado sustancia, merece la pena plantearse la pregunta.

Una contienda electoral es parte esencial de una República democrática. Contar con representantes elegidos por la voluntad popular es una condición para su existencia.

Sin embargo, como recién lo explico el profesor Mauricio Merino en la sesión plenaria de Consejo Nuevo León, la democracia tiene dos dimensiones: la primera es contar con representantes elegidos libremente. La segunda, que el poder sea ejercido democráticamente. Dos elementos indivisibles: uno de elección, otro de acción.

Bajo esta lógica, nuestra pregunta de apertura parece contradictoria. En el papel, lo es. En la realidad, no tanto.

Para ilustrar el punto, hace algunas semanas Porfirio Muñoz Ledo compartió en su columna de El Universal un pasaje de la democracia francesa: “después de años de un gobierno de derecha y de una izquierda falsaria, Miterrand ganó las elecciones en 1981 en alianza con el partido comunista. A pesar del gran viraje ideológico que ello representaba, el presidente Giscard d’Estaing promovió una transición de Estado. Miterrand cuenta que días antes de su toma de posesión, recibió a un militar de alta graduación encargado de explicarle los secretos mejor guardados del ejército y el uso de los dispositivos nucleares. El mensaje fue: la soberanía popular decide, pero Francia prevalece”.

En la historia contemporánea de México hay un episodio particular que responde al espíritu de la prevalencia de la República: la noche del 2 de julio del año 2000. El reloj marcaba las 23:02 cuando el presidente Ernesto Zedillo se enlazó en cadena nacional para reconocer el triunfo de Vicente Fox. El imposible se materializaba: por primera vez en siete décadas, el PRI había perdido la presidencia de México.

Zedillo no solamente cortó de tajo con la posibilidad de una “caída del sistema” similar a la de 1988, sino que hizo votos por el éxito de la administración que Fox habría de encabezar a partir de diciembre de aquél año: “Durante el tiempo que resta de mi mandato, seguiré cuidando celosamente la buena marcha del país; he externado al licenciado Fox mi confianza en que su mandato habrá de iniciarse con un México unido, en orden, trabajando y con una base muy sólida para emprender las tareas del desarrollo nacional de los próximos seis años”.

Afirmó también: “Hoy, hemos podido comprobar que la nuestra es ya una democracia madura, con instituciones sólidas y confiables, y especialmente con una ciudadanía de gran conciencia y responsabilidad cívica”. Los adjetivos, aunque frágiles, parecían ir en la dirección correcta: por primera vez se daba la alternancia en la historia moderna, se había conseguido de forma pacífica y con una autoridad electoral de esencia ciudadana a cargo del proceso.

Bien podría argumentarse que la intentona de fraude hubiese podido resultar en un estallido social y eso habría orillado a la decisión. Conjeturas aparte, el hecho es que se el triunfo de Fox se reconoció. Por cierto, la diferencia fue de 6 puntos entre el panista y Francisco Labastida, abanderado del PRI.

Aquella democracia madura y de instituciones sólidas que Zedillo anunciaba durante su mensaje a la nación, habría de sufrir un colapso apenas una elección después durante la siguiente elección presidencial. En aquél enlodado proceso ni siquiera hubo los elementos para definir un ganador, como lo ha documentado José Antonio Crespo en el libro “2006: Hablan las actas”.

Hoy que la tendencia coloca a López Obrador con una ventaja inusitada en las elecciones post-alternancia y que podría incluso ser el primero de esta etapa en alcanzar un gobierno de mayoría, el intento de democracia mexicana tendrá un enorme reto en la actitud que muestren tanto la presidencia de Peña Nieto como las campañas y partidos de Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Aunque las condiciones de fragilidad y disfuncionalidad institucional requieren transformaciones de largo aliento, una actitud de Estado durante la noche del 1 de julio, así como en los meses de transición, abonaría a la idea de que México prevalezca más allá de fuerzas y coyunturas.