Legalizar la marihuana = ¿menos violencia?

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En días pasados se han reavivado las voces a favor de la legalización de la marihuana en México, con fines medicinales y recreativos. Incluso los medios de comunicación destacaron el “porro” que la diputada federal, Lucía Riojas, le regaló a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, habría que preguntarse si la legalización traerá la paz que los ciudadanos tanto ansían. Aunque suene lamentable, considero que, por sí sola, la legalización de la marihuana no se traducirá en menores niveles de violencia. 

Al respecto, hace unos se publicó un estudio realizado por Ruibin Lu, de la Universidad de Stockton, y sus colegas de la Universidad del Estado de Washington titulado “El efecto del cannabis en el crimen: análisis de series temporales del crimen en los estados de Colorado y Washington” en Estados Unidos. Los autores estimaron la influencia que tuvieron las leyes que despenalización y venta legal de la marihuana en las tasas de criminalidad en ambos estados. 

Dicho estudio destaca por encima de otros pues utilizó un método más robusto para controlar posibles sesgos. También hicieron estimaciones temporales sobre el aumento o disminución de delitos durante los años posteriores a las leyes aprobadas. Los resultados indican que no hay una relación causal entre la despenalización, ni la regulación de venta legal de marihuana, con aumentos o disminuciones de delitos, incluyendo crímenes violentos. 

Para entender por qué la legalización difícilmente tendría un impacto significativo en los niveles delictivos existe una perspectiva criminológica bastante útil, llamada “prevención situacional del delito (PSD)”. En este enfoque, el crimen es producto de la oportunidad que tiene un individuo para delinquir. Los delincuentes aprovechan oportunidades en las que puedan obtener las mayores recompensas a los menores riesgos posibles. Si la legalización de la marihuana conduce a la creación de un mercado regulado por el Estado para su comercialización, se reducirían las recompensas potenciales y, por ende, las oportunidades para los delincuentes que actualmente la comercializan en el mercado negro. 

El problema es que las organizaciones criminales cuentan con grandes recursos y no dependen mucho de las estructuras de oportunidad. Sus actividades son de tipo cooperativo o consensual entre delincuentes que están distribuidos en redes trasnacionales, más allá del territorio mexicano. 

Asimismo, dichas actividades están diversificadas en diferentes tipos de negocios ilícitos que arrojan cuantiosas ganancias. Esto ha sido documentado en varias ocasiones. Por ejemplo, en su “Informe de Crimen Transnacional y el Mundo en Desarrollo 2017”, la organización Global Financial Integrity señala que el delito de falsificación alcanzó los 1.13 billones de dólares, por encima del narcotráfico (en segundo lugar), seguido por la tala de árboles clandestina y la trata de personas. 

En México, las organizaciones criminales han transitado hacia otros negocios ilícitos que son, proporcionalmente, más rentables. En la PSD, a esto se le conoce como “desplazamiento” de un tipo de delito a otro. Los criminales buscan menores niveles de riesgo, en comparación con el narcotráfico, incluso si las recompensas no son tan altas. El negocio del huachicol es un buen ejemplo. De acuerdo con datos de PEMEX, este ilícito dejó ganancias a los criminales de alrededor de 60 mil millones de pesos, tan solo el año pasado. La trata de personas, los fraudes, la extorsión, secuestros y delitos cibernéticos también son muy rentables. 

Por otro lado, estudios recientes sobre PSD han encontrado evidencia de que existen “precipitadores situacionales”, los cuales son factores psicológicos o relacionados con el entorno en que viven las personas. Estos provocan el deseo de los individuos de delinquir. Las presiones sociales que se derivan de la pobreza, el aislamiento social y un pobre diseño urbanístico, son ejemplos de precipitadores que detonan comportamientos delictivos. 

En el mismo sentido, varios estudios sobre los efectos de la legalización de la marihuana, incluyendo el de Ruibin Lu y sus colegas, han encontrado que los factores contextuales son más importantes para predecir el crimen. La concentración de zonas comerciales en ciertas áreas urbanas, la proporción de hogares unipersonales, las tasas de desempleo, la concentración de desventaja social (ej. pobreza o desigualdad) y la edad de la población son predictores robustos de las tasas de criminalidad. 

Por lo anterior, es dudoso vislumbrar que la legalización de la marihuana contribuya a la reducción de la violencia. Es verdad que podría tener efectos positivos, por ejemplo, en la salud de las personas. Este sería un objetivo muy distinto, enfocado en la salud pública. En cambio, si el propósito es reducir la cantidad de crímenes violentos, el Gobierno del Presidente López Obrador debería estar pensando en otro tipo de políticas. 

Una de estas podría ser una política de seguridad comunitaria, con intervenciones sociales en zonas en situación de riesgo. La disuasión focalizada también podría ser más efectiva para reducir la violencia, ya que se pone atención sobre ciertas organizaciones, en lugar de ciertos tipos de delitos. El control del tráfico de armas es otro asunto pendiente, el cual también le reditúa grandes ganancias al crimen organizado. 

Finalmente, tal vez, sería necesario pensar en la despenalización del consumo de todas las drogas, como se hizo en Portugal. Para esto el Estado deberá contar con instituciones sociales y de salud sólidas que brinden atención y seguimiento personalizado a los consumidores. Solo así se definirá un objetivo consistente con el enfoque de salud pública que debe guiar a la legalización de la marihuana y otras drogas. 

“Es urgente hacer delito grave el robo de combustible”: Mario Delgado

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El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter con el que busca que se apruebe la reforma que convierte en delito grave el robo de combustible, y se aplique con ello prisión preventiva oficiosa.

Debido a esto, diversas personalidades como políticos de oposición, activistas y especialistas señalaron que esta sanción solo afectará a los más pobres y no reducirá la incidencia delictiva.

Tal fue el caso del abogado Roberto Hernández (productor del documental Presunto Culpable).

“Así será si Morena reforma el artículo 19 constitucional, con una reforma que no necesitamos. Le propongo alternativas”, publicó Hernández.

Entre las alternativas que propuso Hernández, está el “profundizar la reforma de los juicios orales y el sistema de audiencias públicas y video grabadas, dejando en manos de los jueces (y no de legisladores) la decisión de qué medida cautelar corresponde aplicar”.

Mientras que la diputada federal Lucía Riojas afirmó que la propuesta de Morena es “una medida irresponsable”.

“Si una persona quizás llenó un bidón de gasolina en una fuga en Hidalgo porque no tiene recursos para subsistir y personas dependen de ella, encarcelarla durante su proceso penal es EXCESIVO. Podría firmar cada 15 días en el Mpo, demostrando que no evadirá la justicia”, señaló Riojas.

Activistas llevan a AMLO carta contra Guardia Nacional

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El colectivo #SeguridadSinGuerra afirmó que decepciona la propuesta del Gobierno electo de crear una Guardia Nacional con policías militares, y exigió que los diputados de la mayoría de Morena escuchen las críticas y a las víctimas para optar por fortalecer la vía civil para combatir al crimen.

“Todavía es posible optar por la vía civil. Así se lo diremos también al presidente electo (…) Que la verdadera transformación de la vida pública parta del diálogo y los diagnósticos generados por la escucha y demandas de las víctimas. Y ahí nos encontraremos”, expusieron.

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Víctor Gutiérrez, de México Unidos contra la Delincuencia; Alfredo Lecona, de los colectivos Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva; Itxel Cisneros, de Cencos, Alberto Solís Castro, de Servicios y Asesoría para la Paz, y Carlos Treviño, de Causa en Común ofrecieron conferencia de prensa en San Lázaro previo a la entrega de una carta al tabasqueño.

Más tarde, la carta fue entregada en las oficinas de López Obrador en la Colonia Roma por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Francisco Rivas, de Observatorio Nacional Ciudadano, entre otros.

En la conferencia en San Lázaro, los representantes de las organizaciones que siguieron el debate de la Ley de Seguridad Interior y se opusieron a ella, recordaron al coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Mario Delgado, sus palabras cuando era senador y argumentó en contra de la militarización del País.

Mostraron un video de Delgado cuando dijo que la Ley de Seguridad Interior desaparecía los incentivos a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes.

“Es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían Seguridad sin Guerra, impulsar un nuevo proyecto de militarización, a pesar de que, al momento de la votación de la Ley de Seguridad Interior, en ambas Cámaras, los y las legisladoras de Morena, entre otras y otros, denunciaron la falta de debate serio y llevaron a tribuna las voces de las víctimas. Hoy venimos a recordarles sus palabras”, manifestaron.

En la conferencia, acompañados de la diputada sin partido Lucía Riojas, de la organización Iniciativa Ahora, recordaron que la militarización de la seguridad pública ha generado demasiado dolor, por las 250 mil muertes, casi el mismo número de desplazados y más de 37 mil desapariciones.

“La militarización del País no es la solución”, afirmó el colectivo en el comunicado leído ante los medios de comunicación en la Cámara de Diputados.

Hace un año, advirtieron, buscaban impedir la legalización de la guerra militar contra el crimen, ahora se trata de evitar su constitucionalización, a través de las propuestas de Morena.

“No podemos pasar del fraude a la Constitución, señalado como tal la semana pasada cuando la Corte debatió la Ley de Seguridad Interior, al fraude a la realidad y a las víctimas. El debate nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere debe ser amplio y abierto a todas las voces, sin imponer como punto de partida la creación de la Guardia Nacional ni algún otro proyecto que proponga la fórmula que no ha funcionado”.

La promesa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijeron, de no usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo no es garantía.

“Llevar este nuevo modelo de militarización a la Constitución lo dejaría ahí, con el riesgo de que cualquier gobierno autoritario haga uso de él”, remarcaron.

Afuera de la casa de transición, María Elena Morera refirió que la sociedad civil está inconforme con el plan de seguridad anunciado por el equipo de López Obrador, pues militariza al país y pretende desaparecer a los cuerpos policiacos.

La presidenta de Causa en Común llamó a que se refuerce a los elementos de seguridad, y aunque existen fallas pidió no matar a la Policía.

“Eso no es como si ustedes van al doctor porque les duele la pierna y el doctor les dice: bueno como te duele la pierna, te la cortamos”, dijo.

Los asesores de López Obrador y de Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad, aseguró, los están mal informando.

“Lo que necesitamos es replantearnos cómo queremos la seguridad desde la vía civil, no desde la vía militar”, manifestó.

La iniciativa de la Guardia Nacional, dijo, va contra los derechos humanos y organizaciones como Cencos han documentado que las violaciones a éstos están ligadas con la presencia de militares.

“El presidente electo siempre nos dijo que lo que él quería era un proceso de paz y es lo que creo que todos los mexicanos queremos” , aseveró.