Vinculan a proceso a Javier Duarte; Estará hasta el 2018 en el Reclusorio Norte

Este sábado un juez federal vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La audiencia que duro aproximadamente 12 horas, fue la segunda para el ex mandatario desde que llego a nuestro país el lunes de la semana pasada. El juez federal concluyó que la Procuraduría General de la República (PGR) presunto las pruebas suficientes para concluir que Duarte efectivamente cometió un delito y que opero como líder de una organización criminal.

En total la PGR presento 82 pruebas, con las que el juez concluyó que existe suficiente evidencia para presumir que Javier Duarte es el que posiblemente ordenó la creación de empresas fantasma, mismas que se enfocaron en realizar operaciones de lavado de dinero.

Por su parte la defensa de Duarte, encabezada por el abogado Marco del Toro, acuso a los fiscales dela PGR de haber cambiado las acusaciones en contra de su cliente, e incluso dijo que las acusaciones en contra del ex gobernador de Veracruz eran “patéticas” y que las pruebas presentadas por la Procuraduría, no comprobaban que su cliente sea culpable. Tras darse a conocer el falló, Marco del Toro, aseguró que apelaran la decisión.

Como parte de la vinculación, el juez federal le concedió un seis meses a la PGR para que pueda recabar más pruebas en contra de Duarte. El plazo vence el 22 de enero de 2018.

Duarte hasta el 2018 en el Reclusorio Norte

Al final de la audiencia, el juez rechazó la petición de la PGR para trasladar a Duarte a un penal en el estado de Morelos. Por lo que el veracruzano estará hasta el 2018 en el Reclusorio Norte.

La razón detrás del rechazó a la petición fue que el juez considera que las personas procesadas por delincuencia organizada deben de estar recluidos en penales de máxima seguridad, y la PGR no especifico si el penal de Morelos es de ese tipo.

 

 

Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”