Presentan iniciativa para transparentar gasto de políticos en redes sociales

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La asociación “El Futuro Florece” presentó este lunes una iniciativa para crear la Ley de Comunicación Social del Estado, misma que busca transparentar y fiscalizare el gasto que funcionarios públicos y de elección popular realizan en redes sociales.

Las y los integrantes de la asociación también entregaron en el Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley General de Comunicación Social en materia de transparencia digital.

“El gasto que realizan nuestros políticos desde sus perfiles en redes sociales es opaco y no esta sujeto a fiscalización, por lo que necesitamos modernizar nuestra legislación para que responda a la nueva realidad digital de comunicación política”, señaló Roberto Alviso, integrante de El Futuro Florece.

“Desde El Futuro Florece impulsamos la campaña #TransparencioaDigital, una serie de acciones de incidencia pública y pedagogía política que acabará con la opacidad y malas prácticas en el uso de las redes sociales. En la política no queremos influenciar sino funcionarios públicos responsables y congruentes, por eso es que en la nueva Ley se pretende evitar la realización de los sorteos conocidos como ‘giveaways’ desde las cuentas públicas locales”, agregó.

Por otro lado, indicó que también se establece que los funcionarios no puedan bloquear a los ciudadanos en sus redes y la formación de un Consejo Consultivo para la Era y Seguimiento de la Comunicación Social.

Durante la presentación la iniciativa en el Congreso local estuvieron presentes las diputadas Ivonne Bustos, del PVEM; Claudia Tapia, del Independiente Progresista, y Luis Armando Torres, de Morena.

Cabe recordar que la misma asociación dio a conocer la semana pasada que tras un seguimiento de 32 días detectaron un gasto por 1 millón 663 mil 325 pesos y que quien erogó la mayor cantidad de ese recurso fue el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Le dijeron que no, pero EPN promulga la “Ley Chayote”

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Hoy el Diario Oficial de la Federación dio a conocer que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado 8 de mayo la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote”, esto a pesar de que organizaciones civiles le solicitaron al mandatario no hacerlo.

La ley promulgada que contiene 45 artículos y ocho disposiciones, tiene el objetivo de regular la contratación de propaganda oficial, ademas responde a un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia en noviembre del año pasado, donde ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.

“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los Entes Público a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, indica el artículo segundo de la Ley Chayote.

De acuerdo a organizaciones civiles y organismos internacionales, la ley promulgada y aprobada por ambas cámaras, no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), advirtió en análisis que dicha ley define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos, y deja que continúe el gasto por encima de los programado. También asegura, que la “Ley Chayote”, abre la posibilidad de que haya programas gubernamentales que no necesariamente sean útiles para el público.

Por último, el informe del IBD, asegura que la ley no distingue entre los tipos de medios de comunicación.