Cada vez es más común escuchar la cantaleta de que en México la sociedad se encuentra completamente polarizada, simplemente porque no hay uniformidad en el pensamiento de la población.
Probablemente, quienes repiten esto son los mismos charlatanes y churrilleros que sostienen como mantra que: en la mesa no debe hablarse de política o religión. Aquellos que renunciaron al libre albedrío, olvidaron que el conocimiento se obtiene de la confrontación de doctrinas, de la batalla ideológica en el campo de las ideas y que precisamente solo a través del conocimiento es como una sociedad puede mejorar.
Nos piden que renunciemos a la capacidad de razonar, no lo hagamos, en palabras de Stuart Mill razonar es lo que nos distingue como seres humanos, repetir o imitar son facultades propias de los monos.
Lo anterior, no es mera retórica filosófica, pues incluso encuentra fundamento legal, a saber, el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra a nuestro país como una República Democrática Constitucional.
Sobre este punto, el carácter de Democracia Constitucional precisamente implica el reconocimiento de una sociedad en la que existen una pluralidad de doctrinas razonables, situación que además en un contexto jurídico lógicamente relacionado justifica el reconocimiento en nuestro máximo ordenamiento de distintos derechos humanos, tales como las libertades de expresión/manifestación de las ideas, pensamiento, religión, desarrollo de la personalidad, igualdad, etc.
De ahí que como lo sostiene John Rawls la existencia de una pluralidad de doctrinas, aunque incompatibles entre sí es el resultado normal del ejercicio de la razón humana dentro del marco de instituciones libres de un régimen Constitucional Democrático.
Así, la pretensión de uniformidad en el pensamiento de la sociedad no solo atenta contra la naturaleza humana, sino que también implica vulnerar el régimen Constitucional, pues quienes consideran un desastre el pluralismo y falsamente lo califican de polarización, en el fondo también consideran un desastre el ejercicio de la razón en condiciones de libertad.
Máxime, que en un estado como el mexicano en el que habitan personas con diversas creencias religiosas, lenguas, comunidades indígenas, extranjeros, zonas urbanas, zonas rurales, grados de escolaridad, pretender uniformidad en el pensamiento se traduce en desnaturalizar.
En esa tesitura, debe rechazarse el discurso que pretende degrademos o abdiquemos en el reconocimiento de la pluralidad de doctrinas, en tanto nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de una república como el organizarla de manera que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación, sin que sea óbice cuantas personas compartan el mismo posicionamiento y/o doctrina, en tanto apelar a las mayorías podría hacer nugatorios derechos fundamentales de minorías.
El papel del Estado en esta materia es fundamental, pues fomentando las virtudes de la tolerancia, disposición a escuchar a los demás, razonabilidad e imparcialidad (condiciones previas para el debido ejercicio de las libertades) se genera el conocimiento, lo cual es un valioso bien público para la sociedad.
No renunciemos a la batalla de las ideas, solamente así llegaremos a un grado de elevación suficiente (ideal) en el que podamos distinguir lo que es necesario conservar y aquello que debe modificarse, lo cual nos acerca al anhelado bienestar.
Finalmente, debe reconocerse que la única vía al conocimiento es a través del debate público, tener que defender nuestra verdad ayuda a entenderla y a consolidarla como tal.